La justicia amplió la imputación contra Romina Vanesa Sanavria, acusada de apropiarse de un documento y una tarjeta bancaria perdidos por una mujer en la vía pública, y realizar 14 maniobras fraudulentas entre enero y mayo de 2026.
La investigación por una serie de estafas en Tucumán sumó nuevas evidencias. El Ministerio Público Fiscal amplió la imputación contra Romina Vanesa Sanavria, quien enfrenta 14 hechos delictivos tras haberse apropiado de un DNI y una tarjeta bancaria que una mujer extravió en la vía pública.
Según la acusación, Sanavria utilizó la identidad de la víctima durante más de tres meses para extraer dinero de su cuenta bancaria, obtener préstamos personales, gestionar tarjetas de crédito, realizar compras millonarias, descargar recibos de sueldo de la plataforma DIGITUC y falsificar firmas para concretar operaciones financieras y comerciales.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila. En la audiencia, representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, la Fiscalía solicitó la ampliación del objeto procesal con dos nuevos hechos y pidió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de la imputada. El juez hizo lugar a ambos planteos.
Con esta ampliación, la acusación incorpora los hechos número 13 y 14, ocurridos durante abril de 2026. El 17 de abril, Sanavria se presentó en un comercio de calle Muñecas al 100, en San Miguel de Tucumán, exhibió el DNI de la víctima y obtuvo un crédito por $2.761.920. Para ello falsificó la firma de la damnificada en pagarés y documentación contractual. El 2 de abril, se comunicó por WhatsApp con un asesor de una empresa de créditos en calle Catamarca al 200, haciéndose pasar por la víctima, y logró un préstamo por $2.980.000 que nunca fue abonado, generando una deuda en el historial financiero de la damnificada.
La investigación reconstruyó que todo comenzó el 26 de enero de 2026, cuando la víctima perdió un portadocumentos con su DNI y una tarjeta bancaria en la zona de Junín y El Bajo, en la capital tucumana. Sanavria se quedó con esos elementos y los utilizó para ejecutar una cadena de fraudes.
Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, realizó compras presenciales por $3.234.659,08 y operaciones virtuales por $2.200.000. El 24 de febrero, tras descargar ilegalmente recibos de sueldo de DIGITUC, abrió una cuenta crediticia y obtuvo un préstamo de $2.646.000. Al día siguiente repitió el procedimiento y consiguió otro crédito por $1.985.413,92.
El 8 de marzo obtuvo fraudulentamente una tarjeta de crédito mediante canales virtuales, vinculando teléfonos bajo su control, y realizó compras por $1.217.038,92 entre el 13 y el 19 de marzo. Ese mismo mes consiguió un crédito para bienes electrónicos por $2.735.000.
En abril, el 1 de ese mes obtuvo otra cuenta de crédito presentando el DNI original y recibos de sueldo descargados de DIGITUC. Entre el 10 y el 30 de abril efectuó compras por $1.193.242,91. El 8 de abril concurrió a una sucursal bancaria en avenida Alem y Las Piedras y extrajo $2.084.300 de la cuenta de la víctima. El 29 de abril falsificó una firma y obtuvo un crédito por $2.639.141 en productos tecnológicos.
El 5 de mayo consiguió otro crédito por $200.900. El 8 de mayo regresó a la misma sucursal bancaria, retiró $100.000, pero fue reconocida por un empleado de seguridad. El banco advirtió que las firmas y datos biométricos no coincidían, dio aviso a la Policía y Sanavria fue aprehendida en el lugar.
Con la ampliación, la imputación quedó integrada por delitos de apropiación de cosa perdida; defraudación mediante uso de tarjeta de compra; estafa mediante uso de documento público ajeno; falsificación de instrumento privado; tenencia y uso de DNI ajeno; y estafa por nombre supuesto. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas.