La legisladora provincial Silvia Elías de Pérez presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para evaluar las denuncias sobre el retiro y posible destrucción de pruebas judiciales durante un operativo de limpieza en el subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán.
La controversia generada por el operativo de limpieza y vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán escaló al ámbito nacional luego de que la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez solicitara formalmente la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación para que evalúe las denuncias relacionadas con el retiro y la eventual destrucción de secuestros judiciales, documentación y otros elementos probatorios pertenecientes a causas penales federales.
La presentación fue remitida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. En el escrito, la parlamentaria sostuvo que la situación podría configurar un hecho de gravedad institucional que excede el ámbito local y compromete la confianza pública en el funcionamiento de la Justicia Federal.
El planteo toma como base la sucesión de acontecimientos que, durante las últimas semanas, colocó al Tribunal Oral Federal de Tucumán en el centro de una profunda crisis interna. Según expuso Elías de Pérez, las publicaciones periodísticas justifican que el organismo encargado del control disciplinario de los magistrados federales lleve adelante una evaluación institucional de lo ocurrido.
La presentación reconstruye el operativo realizado a comienzos de mayo por disposición de la jueza subrogante Cristina Giordano, proveniente de Córdoba. En esa oportunidad se efectuó la limpieza y desocupación de los subsuelos del edificio ubicado en la intersección de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco. Durante varias jornadas, camiones de Gendarmería Nacional retiraron una importante cantidad de materiales acumulados durante décadas, entre ellos armas, muestras de estupefacientes, dinero, mobiliario, equipos informáticos, documentación y diversos secuestros judiciales vinculados a expedientes federales.
Lo que inicialmente fue presentado como una tarea de reorganización y saneamiento administrativo derivó posteriormente en una fuerte controversia. El Ministerio Público Fiscal solicitó explicaciones sobre el destino de los elementos retirados y reclamó precisiones respecto de los criterios utilizados para su eventual descarte o destrucción. A esa situación se sumó la denuncia penal presentada por el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla, quien cuestionó el procedimiento al sostener que durante el operativo podrían haberse retirado o destruido elementos probatorios pertenecientes a causas que aún permanecían en trámite.
Entre los episodios señalados en la presentación ante el Consejo de la Magistratura figura la desaparición de 58 comprimidos de alprazolam secuestrados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Según indicó la legisladora, esa situación obligó al fiscal federal Pablo Camuña a desistir de sostener la acusación durante un juicio oral debido a la inexistencia de la evidencia material indispensable para respaldar la imputación.
Elías de Pérez advirtió que una eventual pérdida, alteración o destrucción de pruebas judiciales no solo comprometería el desarrollo de procesos penales en trámite, sino que también podría afectar garantías fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En ese sentido, reclamó que se determine si existen otros expedientes que pudieran haberse visto perjudicados por la desaparición de armas, drogas, documentación u otros secuestros de relevancia probatoria que permanecían bajo custodia del tribunal.
La presentación coincide además con un proceso de cambios en la integración del Tribunal Oral Federal de Tucumán. En las últimas semanas, la jueza Ana Carina Farías dejó de ejercer la subrogancia tras alcanzar el plazo máximo de dos años previsto para ese tipo de designaciones. Su reemplazo fue asumido por Marta Liliana Snopek, magistrada con una extensa trayectoria en el Tribunal Oral Federal de Salta, donde intervino en numerosos juicios complejos relacionados con delitos de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de activos, además de participar en la implementación del sistema acusatorio federal en esa jurisdicción.
La llegada de Snopek se produce en uno de los momentos más delicados para el tribunal tucumano. A la controversia por el operativo en los subsuelos se agregan la denuncia penal ya ratificada por Del Sueldo Padilla, los requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal y las discusiones internas sobre la custodia de elementos secuestrados. Todo ello ocurre, además, en un contexto de problemas edilicios que meses atrás obligaron al cierre temporal de una de las sedes judiciales debido al riesgo de electrocución e incendio.
En su presentación, la legisladora recordó que el Consejo de la Magistratura posee competencia constitucional para ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados federales e incluso impulsar procedimientos de remoción cuando las circunstancias lo ameriten. Por ese motivo solicitó que los antecedentes sean examinados con la rigurosidad que, a su criterio, exige la magnitud de los hechos denunciados.
Con esta nueva intervención institucional, el conflicto dejó de circunscribirse al ámbito interno del Tribunal Oral Federal de Tucumán y pasó a proyectarse sobre los organismos nacionales encargados del control del Poder Judicial. Mientras continúan las investigaciones penales y los pedidos de informes, persiste el principal interrogante planteado por fiscales, funcionarios y empleados judiciales desde el inicio de la polémica: determinar qué ocurrió con los materiales retirados del subsuelo del tribunal y establecer si durante aquel operativo desaparecieron de manera definitiva pruebas vinculadas a causas federales.