Según compendios normativos oficiales, las provincias tienen dominio originario sobre los minerales y varias sancionaron leyes entre 2003 y 2011 que restringen la actividad. Mendoza implementó un mecanismo para habilitar proyectos de cobre sin modificar su ley vigente.
El dominio originario de los minerales corresponde a las provincias por mandato del artículo 124 de la Constitución Nacional. A partir de esa facultad, en las últimas dos décadas se configuró un mapa fragmentado entre jurisdicciones con legislación que habilita la minería y otras con restricciones legales.
De acuerdo con los compendios normativos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación y los boletines oficiales provinciales, actualmente siete provincias argentinas poseen leyes vigentes que prohíben total o parcialmente la minería metalífera a cielo abierto o el empleo de sustancias químicas esenciales para la lixiviación.
Las leyes provinciales sancionadas entre 2003 y 2011 presentan distintos alcances técnicos, aunque en la práctica bloquearon durante años la llegada de capitales de gran escala:
- Chubut (Ley XVII Nº 68, ex Ley 5.001 de 2003): prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en todo el territorio provincial.
- Tucumán (Ley 7.879 de 2007): veta expresamente la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio en los procesos productivos.
- La Pampa (Ley 2.349 de 2007): prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el empleo de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas.
- Córdoba (Ley 9.526 de 2008): veta la minería metalífera a cielo abierto en toda la provincia y prohíbe la extracción de minerales nucleares (uranio y torio) en cualquiera de sus modalidades.
- San Luis (Ley IX-0634 de 2008): impide el uso de sustancias químicas en procesos metalíferos obtenidos mediante cualquier método extractivo.
- Tierra del Fuego (Ley 853 de 2011): prohíbe la actividad metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otros tóxicos en la isla.
Durante casi dos décadas, Mendoza fue el emblema del bloqueo minero en la cordillera. Tras el fallido intento de reforma en diciembre de 2019 —cuando la sanción de la Ley 9.209 desató masivas protestas que obligaron a restituir la Ley 7.722 apenas diez días después—, la dirigencia mendocina comprendió que cualquier intento de modificar la norma carecía de licencia social.
Sin embargo, el Gobierno provincial encontró una vía institucional para destrabar el potencial cuprífero cumpliendo con la Ley 7.722. El giro se apoya en dos pilares técnicos y políticos.
Por un lado, procesos por flotación sin reactivos prohibidos. Muchos yacimientos de cobre sulfurado permiten concentrar el mineral mediante flotación física con agua y reactivos biodegradables autorizados, sin necesidad de utilizar ácido sulfúrico, cianuro ni mercurio.
Por el otro, evaluación distrital y aval legislativo. Para evitar la parálisis administrativa, la provincia creó el esquema Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), en el sur mendocino, un departamento con amplia licencia social y tradición petrolera.
En lugar de tramitar expedientes aislados, la Autoridad Ambiental Minera evalúa bloques de proyectos bajo una misma línea de base ambiental y los envía a la Legislatura para su ratificación por ley, tal como exige la 7.722.
Este mecanismo ya arrojó resultados concretos. Tras aprobar una primera tanda de 34 proyectos exploratorios, en diciembre de 2025 la Legislatura mendocina ratificó otras 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (MDMO II) —llevando el total a 65 áreas habilitadas para explorar— y dio sanción definitiva mediante la Ley 9.684 a la DIA de explotación de PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata. Con una inversión proyectada superior a los u$s800 millones (y adhesión al RIGI), PSJ se convirtió en el primer proyecto metalífero aprobado bajo las reglas de la 7.722 en casi veinte años, mientras una tercera etapa con otros 71 pedimentos ya transita su evaluación técnica.