La Cámara Alta decidió apartar el capítulo III de la iniciativa, que permitía la venta de tierras rurales a extranjeros, tras el rechazo de senadores de Tucumán, Neuquén, Salta y del radicalismo.
El Senado de la Nación retiró el capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modificaba la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales. La decisión fue comunicada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, durante una reunión con legisladores aliados celebrada el miércoles por la tarde en las oficinas del radicalismo.
El apartado cuestionado permitía la adquisición irrestricta de terrenos productivos por parte de personas y capitales extranjeros. La propuesta original fue enviada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. En un último intento por conseguir respaldo, Bullrich aceptó establecer un límite equivalente al 25% de la superficie de cada provincia, pero la concesión no modificó la postura de los senadores que responden a gobernadores dialoguistas.
Los tres representantes de Tucumán en el Senado expresaron su rechazo a la reforma. Sandra Mendoza, de Convicción Federal, fue la primera en anticipar públicamente su posición. Su espacio presentó un dictamen propio en minoría. “Nosotros no estamos de acuerdo con que se venda a extranjeros. Eso es lo que queremos dejar bien establecido”, afirmó la parlamentaria. Mendoza añadió que su bloque trabajaría para impedir la aprobación y, en caso de que la ley avanzara, intentaría incorporar sus condiciones mediante el dictamen alternativo.
Beatriz Ávila, quien mantiene un vínculo de cooperación con la Casa de Gobierno provincial, tampoco acompañó la medida. El gobernador Osvaldo Jaldo informó durante la mañana de ayer que la senadora no estaba de acuerdo con la modificación. Según medios especializados, Ávila participó de la reunión en la que Bullrich anunció el retiro del capítulo.
Jaldo defendió la llegada de inversiones extranjeras, pero diferenció ese objetivo de la transferencia de tierras. “Hemos tenido criollos y criollas que perdieron la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad es que no nos cabe en la cabeza esta decisión”, declaró. El mandatario tucumano fue el primer gobernador dialoguista que manifestó públicamente su rechazo al capítulo.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, adoptó una posición similar. Según trascendió, le molestó que Bullrich hubiera dado por sentado durante una conferencia que su espacio respaldaría la ley. La senadora salteña Flavia Royón, vinculada políticamente con el gobernador Gustavo Sáenz, tampoco estaba dispuesta a acompañar la reforma. Dentro del radicalismo, Daniel Kroneberger anticipó que no votaría a favor del capítulo. La resistencia conjunta de esos sectores dejó al oficialismo sin posibilidades de alcanzar la mayoría.
Los integrantes del espacio acordaron retirar el apartado cuestionado, pero La Libertad Avanza aclaró que la decisión no supone abandonar definitivamente el tema. El oficialismo pretende continuar trabajando sobre una nueva redacción que reúna más aportes y alcance un consenso mayor.
El Senado seguirá analizando el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa incluye modificaciones al régimen de expropiaciones y a los procedimientos de desalojo, una actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Fuentes libertarias señalaron a la agencia Noticias Argentinas que esos capítulos cuentan con un respaldo amplio entre los diferentes bloques que participan de las negociaciones.
La sesión también estará marcada por la situación del senador catamarqueño Flavio Fama, quien no puede viajar a Buenos Aires por problemas de salud. El legislador solicitó autorización para participar y votar virtualmente. Fama pidió recibir el mismo tratamiento excepcional concedido por la vicepresidenta Victoria Villarruel a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo. Esa habilitación deberá ser refrendada por el pleno de la Cámara Alta.