La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a los seis acusados por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán y dispuso un embargo de $5.000 millones sobre sus bienes.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez consideró acreditada, en esta etapa de la investigación, la participación de todos los imputados en el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas.
Con las situaciones procesales definidas, la causa ingresará ahora en una nueva fase orientada a identificar al proveedor de la droga, reconstruir la ruta del cargamento y establecer quién era su verdadero propietario.
La investigación se inició hace un mes, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron durante un control de rutina una camioneta Toyota Hilux que trasladaba 470 kilos de cocaína valuados en aproximadamente U$S 2,3 millones.
En la resolución judicial, Díaz Vélez expuso los fundamentos por los cuales resolvió procesar a cada uno de los imputados.
Respecto de Marcos Nacif, conductor de la camioneta donde fue hallada la droga, el magistrado rechazó su versión de que desconocía el contenido de la carga. Consideró poco creíble que, siendo remisero y con amplia experiencia al volante, no hubiera advertido las características inusuales del traslado. Sus defensores, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), sostuvieron que su asistido ampliará su declaración una vez que concluyan el análisis integral del expediente.
En cuanto a Rodrigo “Icha” Chávez, fue procesado por ser el propietario registral de la Toyota Hilux utilizada para transportar los estupefacientes. Durante su declaración afirmó que había entregado el vehículo a Pablo Abraham Pérez como parte de pago de otra camioneta, unos quince días antes del procedimiento. Sin embargo, esa explicación perdió fuerza luego de que los investigadores encontraran en el interior del vehículo dos licencias de conducir y su Documento Nacional de Identidad. Pese a ello, su abogado, Benito Allende, sostiene que no existen pruebas suficientes para mantener la acusación.
Para la Justicia, Pablo Abraham Pérez ocupa un rol central dentro de la organización. La investigación lo señala como el presunto organizador de la maniobra, al considerar que fue quien contrató a Nacif y quien quedó registrado por cámaras de seguridad mientras dejaba estacionada la camioneta en una playa antes del secuestro. Hasta el momento es el único imputado que optó por no declarar. Su defensor, Ernesto García Biagosch, evitó realizar declaraciones públicas sobre el expediente.
Matías Díaz también fue procesado luego de que la investigación estableciera que participó de una reunión con Abraham Pérez antes del procedimiento. Según explicó, había concurrido exclusivamente para concretar la compra de un acoplado.
En el caso de Enrique Santos Catulo, el juez tuvo en cuenta que también estuvo presente en ese encuentro previo. El imputado sostuvo que había asistido para reclamar el pago de una deuda. No obstante, el magistrado valoró otros elementos reunidos durante la investigación y recordó además que Catulo registra una condena anterior por lavado de activos en una causa vinculada al denominado clan Ale.
Su hijo, Ernesto Catulo Chamás, brindó una explicación similar sobre su presencia en la reunión. Sin embargo, para el juez ambos reunían indicios suficientes que permiten sospechar que conocían la maniobra investigada.
Con los procesamientos ya dictados, la investigación ingresará ahora en una nueva etapa destinada a despejar los principales interrogantes que aún rodean el caso. La resolución de Díaz Vélez delimita el alcance de la imputación actual, centrada en el transporte de la droga, por lo que la Fiscalía buscará ahora avanzar sobre el resto de la estructura criminal.
En ese marco, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz ordenó nuevas medidas probatorias. Entre ellas figura el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos para reconstruir la cadena logística del cargamento, identificar al proveedor de la cocaína, establecer cómo ingresó al circuito de distribución y determinar cuál era su destino final. Uno de los objetivos prioritarios será individualizar al verdadero propietario de los 470 kilos de droga.
La pesquisa también se concentrará en el aspecto patrimonial de los imputados. Según fuentes judiciales, Pablo Abraham Pérez aparece como uno de los principales focos de atención. Desde el inicio de la causa, vecinos de Famaillá señalaron que, en un corto período, pasó a controlar un local gastronómico, un boliche y una empresa dedicada al transporte.
Además, durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación, personal de Gendarmería detectó otra circunstancia considerada relevante: del galpón donde Abraham Pérez guardaba sus camiones había sido retirado el disco rígido que almacenaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, un elemento cuya ausencia también será objeto de las próximas diligencias ordenadas por la Justicia Federal.