La Justicia Federal procesó a Mauricio Alejandro Córdoba y Francisco Alejandro Aragón por lavado de activos vinculado al Comando Vermelho. Ambos continuarán el proceso en libertad, con prohibición de salir del país y un embargo de $3.000 millones cada uno.
La Justicia Federal procesó a dos jóvenes tucumanos acusados de integrar una maniobra de lavado de activos vinculada al Comando Vermelho, organización criminal de origen brasileño. Se trata de Mauricio Alejandro Córdoba (28) y Francisco Alejandro Aragón (28), quienes continuarán el proceso en libertad, aunque con la prohibición de salir del país y un embargo de $3.000 millones para cada uno.
En la misma resolución, el juez Guillermo Díaz Martínez dictó la falta de mérito para Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero, madres de los imputados, quienes quedaron desvinculadas de la causa en esta etapa. Su situación procesal dependerá de los resultados de las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
La investigación, a cargo del fiscal federal Agustín Chit, sostiene que Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como el cerebro financiero del Comando Vermelho y actualmente prófugo, se radicó en Argentina para blanquear dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos. En diciembre de 2022 creó un grupo de WhatsApp denominado «Cuenta Arg Verificados», desde donde, con el alias «Sakamoto», impartía instrucciones para operar con criptomonedas.
Según la pesquisa, el esquema habría movilizado alrededor de 500 millones de dólares mediante la compra y venta de activos virtuales. La causa contra los tucumanos se inició tras más de tres años de investigación y se abrió en paralelo a la principal.
Durante sus declaraciones indagatorias, Córdoba y Aragón afirmaron que desconocían que «Sakamoto» fuera el responsable financiero del Comando Vermelho. Sostuvieron que realizaban las transacciones para obtener ingresos y que sus madres no participaron en las operaciones.
El juez Díaz Martínez consideró acreditado que ambos recibían criptomonedas enviadas por el representante de la organización, las comercializaban y transferían el dinero a terceros designados. En la resolución, señaló que «los elementos, valorados en su conjunto y no de manera aislada, permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, que Córdoba y Aragón no podían razonablemente desconocer el origen espurio de los activos que recibían».
El magistrado también remarcó que la defensa no explicó por qué un operador legítimo debería rendir cuentas de manera sistemática. «Esa lógica de rendición de cuentas resulta, por el contrario, propia de quien opera como intermediario o ejecutor de instrucciones ajenas dentro de una estructura organizada», indicó.
Respecto de las madres, el juez entendió que quedaron involucradas solo porque sus hijos utilizaron sus identidades para parte de las operaciones. Además, descartó la existencia de una asociación ilícita por falta de pruebas suficientes.
Finalmente, procesó a Córdoba y Aragón como coautores del delito de lavado de activos agravado por su habitualidad. Al no encontrar riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, dispuso que continúen en libertad con reglas de conducta, entre ellas la prohibición de abandonar el país.