La relatora Solana Esther Casella, ternada para ocupar un cargo de jueza federal, logró una restricción judicial que prohíbe al abogado Juan Andrés Robles mencionarla en relación con una causa por tráfico de influencias. La medida fue dictada por el Juzgado Civil de Yerba Buena.
En el marco de una investigación penal, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento de Ontiveros como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas. La instrucción penal sostiene que el acusado comercializaba resoluciones del tribunal de alzada valiéndose de una proximidad funcional y familiar.
Una de las vinculaciones se asienta en que Casella se desempeña como relatora exclusiva de la vocalía del camarista Mario Rodolfo Leal, despacho donde trabajan dos hermanos de Ontiveros como secretarios privados, conformando, según el expediente, el canal de acceso a información privilegiada que se ofrecía a cambio de coimas.
Frente a la amplificación mediática y las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde Robles denunció a Leal, Casella inició el expediente 4396/26, caratulado «Casella Solana Esther C/ Robles Juan Andres S/ Tutela Autosatisfactiva». La tramitación civil, con el patrocinio del abogado Luis Alfredo López, derivó en una cédula de notificación depositada digitalmente y diligenciada a través del Juzgado de Paz de Yerba Buena, fijando la restricción bajo apercibimiento de ley por desobediencia judicial.
El texto de la resolución del juez Pedro Pérez consigna: «resuelvo: hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la letrada Solana Esther Casella (…) bajo responsabilidad y previa caución juratoria de la parte peticionante, corresponde ordenar al demandado Juan Andrés Robles, que: a) se abstenga de mencionar, atribuir, sugerir, o reiterar, por medios de comunicación, redes sociales, entrevistas, publicaciones o cualquier otro canal público o digital, que Solana Esther Casella se encuentra vinculada directa o indirectamente con el delito de tráfico de influencias (…) con una supuesta maniobra de venta de sentencias, o con cualquier imputación equivalente».
Según la sentencia, Robles «b) se abstenga de cuestionar, con base en tales imputaciones, su idoneidad profesional, académica o institucional, o su postulación al cargo para el cual fuera ternada; c) abstenerse de republicar, compartir o amplificar contenidos de igual tenor. Todo ello a partir del dictado de la presente resolución cautelar, y hasta tanto se resuelva la presente acción de manera definitiva».
El escrito judicial fija una advertencia penal en sus párrafos de cierre, ordenando que la manda «sirva dar cumplimiento con la presente resolución, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial».
En sus intervenciones ante la justicia criminal, Ontiveros había alegado que el expediente penal iniciado por el funcionario de ARCA, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, carecía de base objetiva y constituía un montaje político diseñado para dañar la reputación de Casella e impedir su ascenso a jueza federal. Sin embargo, las evidencias acumuladas por el fiscal federal Agustín Chit y el procesamiento dictado por Díaz Vélez indican que en los dispositivos electrónicos secuestrados a Ontiveros se recuperaron notas referidas a vacantes interinas y contratos en la Cámara Federal de Apelaciones destinadas a programar el ascenso de su pareja, lo que conectaría los intereses funcionales de la relatora con las carpetas digitales manejadas por el procesado.
La causa penal continúa su trámite hacia un posible pedido de elevación a juicio.