El juez Civil y Comercial Común de la I° Nominación, Pedro Yane Mana, fijó un plazo perentorio que vence este jueves 8 de octubre para que la AMT entregue libros contables, facturas y nóminas salariales del ejercicio 2025. La entidad, representada por su vicepresidente Jorge Jakobsen, confirmó que acatará la orden judicial.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) informó que pondrá a disposición del juzgado Civil y Comercial Común de la I° Nominación toda la documentación contable requerida por la Justicia. La medida fue dispuesta por el juez Pedro Yane Mana en el marco de una acción de nulidad de asamblea presentada por la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iácono.
El vicepresidente de la AMT, Jorge Jakobsen, quien quedó a cargo de la conducción por la licencia temporaria de la presidenta Marcela Ruiz, declaró: «Estamos abocados en dar cumplimiento con la manda judicial. Lo que se hará en tiempo y forma. En consecuencia se pondrá a disposición del juzgado toda la documentación requerida».
La resolución judicial establece un plazo de 48 horas que vence este jueves 8 de octubre para la entrega de libros contables rubricados, facturas, comprobantes bancarios, nóminas salariales y gastos de viáticos y fiestas correspondientes al ejercicio 2025. El juez advirtió que el incumplimiento injustificado facultará el secuestro de la documentación no presentada.
Jakobsen sostuvo que no existe acusación alguna y que la acción judicial es un pedido de nulidad de una asamblea. «Ese es el objeto del juicio», afirmó. Además, defendió la legitimidad del acto en el que se votó la memoria y balance general: «Asamblea que cumplió con todos los requisitos establecidos por nuestro estatuto».
La presentación judicial de Iácono se originó tras una serie de notas enviadas durante abril en las que solicitaba revisar los comprobantes antes de la asamblea del día 23. Según su escrito, esas solicitudes fueron desatendidas o respondidas de forma evasiva. También se labraron actas notariales la mañana de la votación cuando concurrió a la secretaría sin poder acceder a los respaldos. En su planteo, argumentó que el ocultamiento deliberado de la documentación respaldatoria configura una maniobra para impedir el hallazgo de posibles irregularidades, desvíos de fondos o malversación de los administradores. Asimismo, reservó su derecho a demandar civilmente en forma personal a los directivos y a exigirles una rendición de cuentas directa.
Consultado sobre la posición de la denunciante, Jakobsen manifestó: «La doctora Iácono es una socia y si ella considera que existe algún motivo que justifique su acción está en todo su derecho de hacerlo. Y nosotros tenemos la obligación de cumplimentar con lo ordenado por un magistrado. Eso es todo lo que está aconteciendo».
En el Palacio de Tribunales se recuerda el antecedente de octubre de 2025, cuando la disputa por los representantes de los magistrados en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) concluyó con acusaciones cruzadas de fraude y una derrota del oficialismo ligado a la AMT frente a los fiscales Daniel Marranzino (luego fallecido) y Carlos Saltor por un voto de diferencia (80 a 79).
El plazo para la entrega de la documentación vence con el cierre de las actividades tribunalicias de este jueves. Si la AMT deposita las carpetas y registros rubricados en el juzgado de Yane Mana, el expediente abrirá una etapa de peritaje contable.