El Poder Ejecutivo Nacional aceleró durante 2026 el envío de pliegos y decretos de nombramiento, pero aún permanecen 235 magistraturas sin titular en todo el país. En Tucumán, dos jueces fueron designados para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, aunque la tercera vocalía sigue acéfala y el Juzgado Federal N.º 1, con competencia electoral, continúa sin definición.
El escenario provincial forma parte de una crisis más amplia. Aunque el Gobierno nacional aceleró durante 2026 el envío de pliegos y los decretos de nombramiento, todavía permanecen vacantes 235 magistraturas, equivalentes al 23,5% de los 1.002 cargos judiciales del país.
En Tucumán, Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron nombrados jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal después de obtener el acuerdo del Senado. Reemplazarán a Gabriel Casas y Alicia Noli, quienes se jubilaron.
Las designaciones ya fueron formalizadas, pero todavía no se comunicó cuándo prestarán juramento. Con su incorporación, el tribunal comenzará a recomponer su integración tras las jubilaciones de sus miembros originales.
La normalización será parcial porque la tercera vocalía continúa acéfala. Para completar el tribunal en los juicios resulta necesaria la subrogancia de la jueza Marta Liliana Snopek.
La principal definición pendiente se encuentra en el Juzgado Federal N.º 1, que tiene competencia electoral. Se trata de la única vacante judicial tucumana cuyo concurso ya terminó en el Consejo de la Magistratura.
La terna firme está integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella. El listado fue elevado al Poder Ejecutivo y se encuentra en la Casa Rosada, donde el Presidente debe elegir a uno de los postulantes y enviar su pliego al Senado.
Pese a que el procedimiento dentro del Consejo está completo, la decisión continúa paralizada y no existe una fecha para remitir la nominación a la Cámara Alta.
También permanece inconcluso el concurso para cubrir la titularidad del Juzgado Federal N.º 2. Entre los postulantes aparecen Pablo Roberto Toledo —ahora designado para incorporarse al Tribunal Oral Federal—, Martín Eugenio Abdala y Andrés Agustín Da Rold. Gonzalo Stordeur ocupa el cuarto lugar.
A esas vacantes se suma la falta de titulares definitivos en las fiscalías federales de primera y segunda instancia de Tucumán, que deben funcionar mediante sistemas de reemplazos provisorios.
La reactivación nacional será analizada nuevamente el martes 18 de agosto a las 14, cuando la Comisión de Acuerdos del Senado realice una audiencia pública en el Salón Azul de la Cámara Alta.
Durante la reunión se evaluarán las postulaciones de 13 candidatos propuestos para integrar cámaras federales, tribunales orales, juzgados, fiscalías y defensorías de diferentes jurisdicciones.
Entre los pliegos se encuentran los de Facundo Carlos Cortés y María Soledad Mancini para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, además del de Andrés Guillermo Fraga para la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo.
Para los tribunales orales federales fueron propuestos María Virginia Miguel Carmona en Catamarca y Santiago Juan Schiopetto, Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La nómina se completa con aspirantes a fiscalías y defensorías de primera instancia en los fueros penal y correccional.
El nuevo movimiento institucional se produjo después de más de dos años de escasa actividad y una acumulación severa de vacantes. El esquema de presentación de pliegos y decretos de designación es impulsado por el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques.
Según las estadísticas del Consejo de la Magistratura, el año comenzó con 364 magistraturas sin titular, equivalentes al 36,3% del total. La cifra descendió a 235, una reducción de 129 cargos vacantes.
El descenso se produjo después de que el presidente Javier Milei oficializara el nombramiento de 60 jueces y el Congreso aprobara 74 pliegos.
Pese a ese avance, casi uno de cada cuatro juzgados y tribunales federales continúa sin un magistrado titular. La situación repercute en la velocidad de las causas y en la previsibilidad del servicio judicial.
La cobertura de cada puesto exige completar diferentes etapas en el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. Actualmente existen 133 concursos en trámite dentro del Consejo y 102 ternas ya confeccionadas y remitidas al Ejecutivo para que el Presidente elija a los candidatos.
Otros 72 pliegos se encuentran bajo análisis del Senado. Las distintas cifras corresponden a etapas del procedimiento institucional y reflejan el volumen de expedientes todavía pendientes.
El déficit también alcanza a los ministerios públicos. En varias provincias, la proporción de cargos vacantes entre fiscales y defensores oficiales supera el 40%.
Las nuevas designaciones y las audiencias convocadas por el Senado representan avances en el proceso de cobertura. Sin embargo, la persistencia de vacantes en el Tribunal Oral Federal, los juzgados y las fiscalías demuestra que la normalización de la Justicia federal tucumana todavía está lejos de completarse.