La primera semana del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez concluyó con interrogantes sobre la situación del acusado Felipe «El Militar» Sosa. Sus abogados afirmaron que recibió amenazas en prisión y denunciaron dificultades para acceder a su medicación, aunque no formalizaron una denuncia judicial. La defensa sostiene que Sosa no asesinó a la joven y que su participación se limitó a trasladar y abandonar el cuerpo.
La primera semana del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez finalizó con nuevos interrogantes sobre la situación de Felipe «El Militar» Sosa, principal acusado del crimen. Sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, afirmaron que Sosa recibió amenazas mientras permanece detenido en el penal de Benjamín Paz y denunciaron dificultades para acceder a su medicación. Hasta el momento, no formalizaron una presentación judicial por las supuestas intimidaciones ni precisaron quiénes estarían detrás de ellas.
Los defensores sostienen que Sosa no asesinó a la joven y que su responsabilidad se limitó a trasladar y abandonar el cuerpo en un descampado. Según esa versión, el imputado habría actuado por temor a otras personas, aunque todavía no explicó ante el tribunal qué ocurrió durante la madrugada del 7 de enero en su vivienda.
La estrategia defensiva apunta a instalar la posibilidad de que Álvarez haya fallecido accidentalmente, presuntamente por una sobredosis de drogas. Los abogados consideran que la imposibilidad de realizar estudios toxicológicos, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, constituye un elemento relevante para su planteo. No obstante, esa hipótesis todavía no fue acompañada por una reconstrucción completa de los acontecimientos.
Durante el debate, Sosa declaró en dos oportunidades, pero sus intervenciones estuvieron destinadas a desvincular del caso a Jorge «Chicho» Díaz y a aclarar que una mujer que aparecía en una grabación íntima no era Justina Gordillo, su ex pareja y también acusada de encubrimiento. Cosiansi había anticipado que su defendido explicaría lo sucedido, pero posteriormente afirmó que le habían ordenado guardar silencio. El letrado no identificó a la persona que habría impartido esa instrucción ni las circunstancias en las que se produjo.
Otro punto que despertó interrogantes fue la denuncia de amenazas que, según los defensores, habría recibido Sosa mediante mensajes transmitidos por terceros dentro de la unidad penitenciaria. La situación llamó la atención porque el acusado permanece bajo un régimen de aislamiento dispuesto judicialmente. Fuentes penitenciarias indicaron que está alojado en un pabellón destinado a internos condenados por delitos contra la integridad sexual y que no mantiene contacto directo con otros detenidos. En el mismo establecimiento también se encuentran Díaz y Nicolás Navarro Flores, aunque ambos están alojados en sectores diferentes y no cumplen las mismas condiciones de aislamiento.
Desde la querella, el abogado Carlos Garmendia cuestionó los planteos de la defensa y recordó que tanto el tribunal como el Ministerio Público Fiscal ofrecieron garantías para que cualquier amenaza fuera denunciada formalmente. El representante de la familia de Álvarez consideró que los abogados intentan introducir una posible vinculación con el narcotráfico para desviar la atención del homicidio. Según sostuvo, los elementos incorporados al juicio respaldan la acusación contra Sosa, independientemente de otras circunstancias que hayan surgido durante la investigación.
A las controversias sobre las amenazas se sumaron las dudas acerca del estado de salud del imputado. Durante la última audiencia, los defensores solicitaron la intervención del tribunal porque, según denunciaron, las autoridades penitenciarias no le estaban suministrando determinados medicamentos. Poco después, Sosa necesitó ayuda de uno de sus abogados para levantarse de su asiento y fue acompañado por un custodio hasta una dependencia contigua. El traslado se produjo luego de que la querella solicitara que el acusado no presenciara la declaración de los padres de la víctima. Ante esa situación, el juez Gonzalo Ortega preguntó por su estado de salud. Los defensores respondieron que se encontraba bien, aunque señalaron que aparentemente le habían provocado malestar los medicamentos que había tomado antes de ingresar a la sala.
La próxima audiencia deberá continuar con la producción de pruebas y testimonios en un proceso que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Érika Álvarez. Mientras tanto, permanecen sin esclarecer las supuestas amenazas denunciadas por la defensa, las razones por las que Sosa todavía no relató su versión completa de los hechos y las circunstancias de su aparente deterioro físico. Esos interrogantes se suman al principal punto que deberá resolver el tribunal: si las pruebas reunidas permiten acreditar la responsabilidad del acusado en el femicidio o si existe una duda razonable que impida dictar una condena.