El tribunal que juzga a Felipe Sosa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez recibió testimonios y presentaciones que mencionan presuntas relaciones con el narcotráfico, la política y el ámbito empresarial. Hasta el momento, ninguna de esas conexiones fue acreditada judicialmente como vinculada al crimen.
El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez continúa en Tucumán con la declaración de testigos y la incorporación de actuaciones judiciales. El principal acusado es Felipe Sosa, quien permanece detenido desde hace más de nueve meses en el penal de Benjamín Paz bajo régimen de aislamiento.
El fiscal Pedro Gallo remitió información a su colega José Sanjuán, especializado en narcomenudeo, para que evalúe los datos vinculados con estupefacientes que surgieron en el expediente. Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, realizó una presentación ante la Justicia Federal. Los resultados de esas actuaciones no trascendieron públicamente.
La defensa de Sosa, a cargo de Marcelo Cosiansi, sostuvo que el imputado recibió amenazas y que teme revelar información. Las supuestas intimidaciones no fueron esclarecidas ni se identificó públicamente a sus presuntos responsables. La defensa también denunció problemas relacionados con el estado de salud de Sosa y el suministro de medicamentos.
Cosiansi afirmó que Sosa no fue responsable de la muerte de Érika, aunque admitió que habría intervenido en el traslado y abandono del cuerpo. El imputado aún no ofreció ante el tribunal una reconstrucción completa de lo sucedido.
Durante el debate se mencionaron vínculos personales de la víctima. Según la información incorporada al expediente, Érika habría mantenido una relación sentimental con Carlos Ferreyra, señalado en investigaciones por el traslado de cargamentos de estupefacientes desde Paraguay hacia la Argentina. Ferreyra había sido detenido en Alberdi y trasladado a Chaco, donde era requerido judicialmente. No se estableció que tuviera intervención en el femicidio.
También se mencionó la actividad comercial de Sosa. El imputado estuvo vinculado con una empresa de seguridad privada que habría integrado junto con otro exmilitar mencionado en una investigación sobre comercialización ilegal de armas en la década de 1990. La firma habría obtenido su habilitación cuando Eduardo Di Lella, tío de Sosa, se desempeñaba como secretario de Seguridad de Tucumán. Di Lella fue posteriormente condenado por maniobras de encubrimiento en el segundo juicio por la desaparición y asesinato de Paulina Lebbos. Durante buena parte de ese proceso, Sosa trabajó como su custodio.
Tras la difusión de su vinculación con el crimen, las autoridades municipales de Yerba Buena decidieron interrumpir la relación que mantenían con Sosa.
En ámbitos judiciales trascendió que la detención de Sosa en Buenos Aires habría generado preocupación entre personas vinculadas con el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y la Justicia Federal. El acusado habría participado de reuniones sociales a las que podrían haber asistido funcionarios judiciales. Además, mantuvo una relación sentimental con Justina Gordillo, empleada del máximo tribunal provincial e investigada por presuntas maniobras de encubrimiento.
El historial judicial de Sosa también está bajo observación. Había obtenido resoluciones favorables en expedientes relacionados con drogas, amenazas y violencia de género. Tras su detención por el femicidio, volvió a examinarse una causa federal vinculada con la producción de flores de marihuana que había permanecido sin avances conocidos durante un período prolongado.
En una de sus primeras declaraciones en el juicio, Sosa pidió disculpas a las personas que pudieron resultar afectadas por los llamados telefónicos que realizó después de los hechos investigados. Esas manifestaciones fueron inicialmente relacionadas con Gordillo, Jorge Díaz y Nicolás Navarro Flores, mencionados en la causa por sus presuntas intervenciones posteriores al crimen. También surgió la versión de que Sosa habría mantenido contacto con un abogado casado con una dirigente de La Libertad Avanza. Ese profesional no fue imputado en el expediente.
Uno de los elementos que continúa sin aparecer es el teléfono celular de Érika Álvarez. Según los datos disponibles, los peritos no consiguieron recuperar la totalidad del contenido almacenado en sus servicios de almacenamiento en la nube. La desaparición del aparato representa una limitación para reconstruir determinados aspectos de los últimos días de la víctima.
El tribunal debe resolver específicamente las responsabilidades penales relacionadas con el femicidio y las presuntas maniobras de encubrimiento. Cualquier evidencia sobre narcotráfico, corrupción policial, irregularidades judiciales u otros delitos deberá ser examinada en investigaciones independientes, siempre que existan elementos suficientes para justificar su apertura o continuidad.
El caso también reavivó interrogantes sobre otros crímenes de mujeres ocurridos en Tucumán, particularmente los de Paulina Lebbos y Ana Gabriel Picciutto. En ambas investigaciones surgieron hipótesis sobre posibles relaciones con personas vinculadas al comercio de drogas, aunque esas líneas no permitieron esclarecer completamente los hechos y los autores materiales de los homicidios no recibieron condenas.
Por ahora, el principal acusado continúa sin revelar públicamente todo lo que conoce sobre los acontecimientos investigados. Su defensa atribuye ese silencio al miedo, mientras la querella mantiene su acusación por el femicidio. La continuidad del juicio permitirá determinar si aparecen nuevas pruebas capaces de esclarecer las circunstancias de la muerte de Érika y si los datos sobre presuntas conexiones con el narcotráfico y sectores influyentes justifican el avance de otras investigaciones judiciales.