Un análisis de Recupero Crediticio by Ostengo, basado en el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), revela que la mora sistémica en Tucumán asciende a $552.131,7 millones, con casi la mitad concentrada en la capital. El informe señala que el endeudamiento se destina cada vez más a consumos de subsistencia.
Un informe privado elaborado por Recupero Crediticio by Ostengo, en base al Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), detalla la situación de endeudamiento de los hogares tucumanos. Según el estudio, la mora sistémica en la provincia asciende a $552.131,7 millones, de los cuales $249.198,72 millones corresponden al departamento Capital, lo que representa casi la mitad del total provincial.
Raúl Ostengo, socio de la firma, indicó que San Miguel de Tucumán funciona como una “caja de resonancia” de la pérdida de poder adquisitivo que afecta el consumo de los hogares. A diferencia de los departamentos con actividad agroindustrial, la capital concentra empleo administrativo estatal, servicios financieros, comercio e informalidad urbana.
El informe señala que la falta de ahorro lleva a numerosos hogares a utilizar tarjetas de crédito y préstamos no bancarios para comprar bienes de primera necesidad, lo que elevó los niveles de irregularidad del crédito de consumo a registros sin precedentes. La inflación continúa superando la evolución de los salarios, y en los sectores de menores ingresos las remuneraciones cubren apenas el 60% de la canasta de vida provincial.
En cuanto a los jóvenes de hasta 25 años, el informe indica que se encuentran entre los grupos más expuestos por la combinación de precariedad laboral, fácil acceso al crédito digital, falta de educación financiera y escasa experiencia. La informalidad laboral en este grupo supera el promedio provincial del 51,5%. Al carecer de recibo de sueldo, muchos recurren a proveedores no financieros y billeteras virtuales, que aplican una tasa nominal anual promedio del 144% real. Estos préstamos se destinan a consumos diarios de subsistencia, lo que genera una mora masiva.
El crédito también es utilizado por jóvenes para sostener carreras universitarias o proyectos de formación, aunque la precariedad de sus ingresos y el costo del financiamiento pueden dejarlos atrapados en obligaciones que exceden su capacidad de pago.
Entre los 46 y los 65 años se concentra el mayor volumen de deuda. Ese grupo incluye a trabajadores formales del sector público (docentes, empleados municipales, personal sanitario) y asalariados industriales. Si bien su tasa individual de morosidad es menor, el monto acumulado de sus compromisos es más alto, lo que expone a las entidades bancarias a un riesgo ante eventuales despidos o pérdidas de poder adquisitivo.
Las personas mayores de 75 años constituyen otro segmento vulnerable. El informe atribuye su deterioro financiero al atraso de las jubilaciones mínimas frente al aumento de los servicios públicos regulados. Se proyecta que las tarifas pagadas por los usuarios llegarán a representar casi el 86% del costo real de la electricidad durante 2026, lo que provoca un incumplimiento silencioso pero estructural.
Las diferencias en los montos adeudados reflejan la segmentación socioeconómica. Dentro del sistema formal, la deuda promedio por persona supera los $6 millones en los bancos públicos y ronda los $3,8 millones en las entidades privadas, impulsada por operaciones de mayor escala como préstamos prendarios, adelantos en cuenta corriente y créditos personales a tasa fija.
En la base de la pirámide social, las personas excluidas del sistema bancario se financian mediante prestamistas, tarjetas no bancarias, billeteras digitales y otros proveedores extrabancarios. Los créditos iniciales oscilan entre $950.000 y $1,1 millón, pero las tasas elevadas y la inestabilidad de los ingresos hacen que los atrasos tengan un impacto proporcionalmente mayor.
El diagnóstico concluye que el problema ya no se limita al monto total adeudado. El riesgo central reside en el destino del crédito: ante la falta de recuperación del salario y el consumo, una parte creciente de las familias tucumanas se endeuda para subsistir y no para mejorar su patrimonio.