El interventor de la Caja Popular de Ahorros se refirió al retiro de 21.000 millones de pesos en efectivo, a la demanda de un exfutbolista y a los vínculos del Hipódromo con un diputado.
En el marco de los festejos por los 111 años de la Caja Popular de Ahorros (CPA), su interventor, el contador Guillermo Norry, brindó una entrevista a FM La Tucumana 95.9 donde abordó diversos temas vinculados a la gestión de la entidad.
Norry se refirió al requerimiento del Banco Central sobre el movimiento de 21.000 millones de pesos que fueron retirados en efectivo de las cuentas de la CPA en el Banco Macro. «A nosotros nos llegó la notificación de este tipo de operatorios», explicó. «Le hemos pedido al banco Macro que nos dé toda la información referida a estos movimientos con precisión y hemos dado paso a la fiscalía para que investigue», afirmó.
Según Norry, la mayoría de las operaciones corresponden a gestiones pasadas. «Los empleados de la CPA no tienen sueldos bancarizados; se les pagan en efectivo; algunos premios se los pagan en efectivo», declaró. No obstante, aclaró que esto «no significaba ningún punto de vista justificar las operaciones». Confirmó que están realizando una auditoría y una investigación administrativa para deslindar responsabilidades. «La primera decisión que he tomado en lo personal es que mi sueldo sí esté bancarizado», sostuvo.
En relación al caso del exfutbolista Adrián Arregui, quien presentó una demanda laboral contra la CPA por daños derivados de una lesión sufrida en 2019, Norry afirmó: «No queremos entrar en ninguna casa bruja, pero tampoco queremos ser corresponsables de ninguna situación que perjudica el patrimonio público; no lo vamos a permitir». Sobre el estudio de abogados Iezzi y Varone Asociados, que debía defender a la institución, expresó: «Llama la atención que este estudio haya, con tanta liviandad, declarado que se pasaron los tiempos, que no pudieron acudir en tiempo y forma la defensa». También señaló que «hay varias cuestiones porque hay un grupo médico que también es el que lo califica sin haberlo examinado».
Acerca de la información publicada por eltucumano.com sobre la empresa del diputado nacional Carlos Cisneros que realiza negocios con el Hipódromo de Tucumán, Norry indicó: «Esto ha sido una información que nosotros hemos tomado por los medios; por eso hemos resuelto separar el Hipódromo de la parte de juego. El hipódromo lo hemos afectado directamente a esta intervención y hemos nombrado un gerente (Marcelo Moreno) y estamos haciendo la auditoría correspondiente».
Norry ratificó la nulidad de la designación de José Díaz como jefe jurídico, argumentando que «un su interventor sin facultades lo había nombrado», lo que derivó en otra denuncia penal.