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Sociedad

Fiscal pide cuarto juicio para Chuky Casanova y solicita siete años de prisión efectiva

noviembre 21, 2026
Fiscal Mariano Fernández solicita cuarto juicio para Chuky Casanova y pide siete años de prisión

El fiscal Mariano Fernández solicitó la acumulación de dos expedientes y que Javier ‘Chuky’ Casanova sea juzgado por resistencia a la autoridad, portación de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de guerra. El representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que pedirá una condena de siete años de prisión efectiva.

El fiscal Mariano Fernández solicitó que se acumulen dos expedientes iniciados por procedimientos policiales realizados en 2024 y 2025 y que Javier ‘Chuky’ Casanova sea juzgado por resistencia a la autoridad, portación de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de guerra. El representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que pedirá una condena de siete años de prisión efectiva.

De prosperar el requerimiento, Casanova volverá a comparecer ante un tribunal por cuarta vez en un período inferior a dos meses, después de haber recibido una condena de la Justicia Federal y de resultar absuelto en otros procesos relacionados con la tenencia y portación de armas.

La nueva acusación reúne dos episodios ocurridos en circunstancias diferentes, pero que, según la Fiscalía, implicaron conductas que afectaron la seguridad pública y la actuación de las fuerzas policiales.

El primero de los hechos se remonta a abril de 2024, cuando efectivos de la Patrulla Motorizada realizaban recorridos preventivos por el barrio Oeste II. Durante el operativo, los uniformados observaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a elevada velocidad y cuyo conductor fue identificado posteriormente como Casanova. Ante esa situación, los policías iniciaron una persecución que terminó cuando el sospechoso perdió el control del vehículo y chocó contra una columna. Después del impacto, los efectivos inspeccionaron la camioneta y encontraron un arma de fuego en su interior. El procedimiento dio origen a una investigación judicial que permaneció abierta y que ahora fue incorporada al pedido de elevación a juicio formulado por Fernández.

El segundo episodio ocurrió el 25 de septiembre de 2025, durante un allanamiento realizado en la vivienda de Casanova. La medida había sido ordenada en el marco de una investigación por un tiroteo registrado cuatro días antes en un salón de fiestas de Tafí Viejo. En aquel momento, los investigadores buscaban establecer quiénes habían participado en la balacera y dispusieron distintas diligencias para reunir pruebas. Durante el registro del domicilio, los policías encontraron una pistola y una cantidad de cocaína inferior a los 100 gramos.

Inicialmente, Casanova también fue investigado por su presunta participación en el ataque armado ocurrido en Tafí Viejo. Sin embargo, posteriormente fue sobreseído por ese episodio, aunque continuaron las actuaciones vinculadas con los elementos secuestrados durante el allanamiento.

A partir de ambos procedimientos, el fiscal Fernández resolvió unificar las investigaciones y solicitar que el acusado responda ante un tribunal por los delitos de resistencia a la autoridad, portación de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de guerra. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la reiteración de hechos, las circunstancias en las que ocurrieron y los medios presuntamente utilizados justifican una pena de siete años de cumplimiento efectivo. En su presentación, sostuvo que las conductas atribuidas a Casanova afectaron en dos oportunidades distintas la seguridad pública y, en uno de los episodios, la administración pública. También valoró como circunstancias agravantes la naturaleza de las acciones investigadas, los instrumentos utilizados y la existencia de hechos cometidos en diferentes momentos y lugares.

La solicitud deberá ser examinada por la Justicia antes de que se determine si el expediente reúne las condiciones necesarias para avanzar hacia un debate oral.

La situación procesal de Casanova se volvió especialmente compleja durante los últimos meses, debido a una sucesión de resoluciones judiciales relacionadas con investigaciones por drogas y armas. Aunque su nombre aparece desde hace años en expedientes vinculados con el tráfico y la comercialización de estupefacientes, durante 2026 se produjeron algunas de las decisiones judiciales más relevantes en su contra.

El 26 de octubre, después de un extenso trámite ante la Justicia Federal, Casanova recibió una condena de tres años de prisión efectiva mediante un acuerdo de juicio abreviado. La sentencia estuvo relacionada con el secuestro de 34 gramos de cocaína durante el allanamiento realizado en septiembre de 2025. Ese mismo procedimiento constituye uno de los antecedentes de la nueva acusación provincial, aunque en esta instancia el requerimiento está centrado en los delitos relacionados con armas de fuego.

Por otra parte, un juez federal de Jujuy dispuso su procesamiento en una investigación por el transporte de un cargamento de aproximadamente 50 kilogramos de cocaína. La resolución judicial se basó en la presunta participación de Casanova en el envío de la droga, aunque el expediente continúa abierto y todavía no existe una sentencia definitiva sobre esa imputación.

A esos antecedentes se sumaron otras dos causas por portación ilegal de armas, originadas en hechos ocurridos durante febrero y abril de 2019. En esos procesos, Casanova había sido acusado junto con Santiago ‘Cara i’ Gota’ Villafañe, señalado como su histórico adversario en una disputa territorial. Después de aproximadamente siete años de trámite judicial, ambos fueron absueltos durante un debate oral realizado pocos días después de la primera condena federal contra Casanova.

De esta manera, el acusado atravesó en un breve período una sucesión de decisiones judiciales de distinto alcance: una condena por estupefacientes, un procesamiento en otra investigación federal y absoluciones en dos expedientes por armas. La acumulación de las nuevas causas provinciales podría sumar otro juicio a esa serie de procesos.

En septiembre, Casanova también había estado cerca de obtener el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, la existencia de diferentes investigaciones y las novedades registradas en su situación procesal frustraron esa posibilidad.

Ahora, la Justicia deberá resolver el requerimiento presentado por Fernández y determinar si corresponde habilitar un nuevo debate oral por los episodios ocurridos en el barrio Oeste II y durante el allanamiento de septiembre de 2025. En caso de avanzar el proceso, el tribunal tendrá que evaluar las pruebas relacionadas con la persecución policial, el choque de la camioneta y el hallazgo de las armas, además de establecer si las conductas atribuidas al acusado encuadran en los delitos propuestos por la Fiscalía.

La pena de siete años solicitada por el Ministerio Público Fiscal constituye, por el momento, una pretensión de la acusación y no una condena. La resolución sobre la responsabilidad penal de Casanova en estos dos expedientes quedará sujeta a las pruebas que se produzcan durante el eventual juicio y a la decisión del tribunal competente.