Un tribunal laboral de Tucumán ordenó a una estación de servicio indemnizar con más de 18 millones de pesos a un operario de playa despedido en 2021, tras determinar que la acusación de uso indebido de tarjetas de crédito era infundada. La sentencia también obliga a la empresa a presentar disculpas formales.
Un trabajador de una estación de servicio en Tucumán obtuvo una sentencia favorable en el Fuero Laboral del Centro Judicial Capital, luego de su despido ocurrido en agosto de 2021. La empresa empleadora había justificado la desvinculación sin indemnización al atribuir al operario de playa la supuesta utilización no autorizada de datos de tarjetas de crédito de clientes para realizar compras personales por internet.
La resolución judicial determinó que las acusaciones no fueron probadas. El juez Carlos Alberto Frascarolo, a cargo del caso, analizó la comunicación rescisoria enviada por la patronal y concluyó que no cumplía con los requisitos legales mínimos, al presentar afirmaciones genéricas sin fechas concretas, montos, sitios web involucrados ni identidad de clientes o bancos afectados.
Durante el proceso, la compañía no aportó grabaciones de cámaras de seguridad, registros de terminales de cobro ni informes bancarios que vincularan al trabajador con las maniobras denunciadas. También se revisó un convenio privado firmado por el empleado con posterioridad al despido; el magistrado declaró la nulidad parcial de la cláusula de renuncia a acciones judiciales, por considerar que vulneraba el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
La sentencia ordenó a la empresa el pago de más de 18 millones de pesos en concepto de indemnización por despido injustificado, integración de mes de despido, preaviso y vacaciones adeudadas, con las actualizaciones legales correspondientes. Además, se estableció un plazo de diez días para que la firma envíe una carta documento institucional al trabajador con disculpas formales por la acusación vertida, bajo apercibimiento de sanciones económicas adicionales.
El fallo se basó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y normativas de la Organización Internacional del Trabajo, y señaló que la falsa imputación de un delito afecta el honor y la dignidad del trabajador, así como sus posibilidades de reinserción laboral.