Mauricio Alejandro Córdoba y Francisco Alejandro Aragón, los dos tucumanos acusados de participar en el presunto lavado de US$14 millones para el Comando Vermelho, declararon que eran “arbolitos virtuales”, negaron haber conocido el origen criminal de los fondos y desligaron de las operaciones a sus madres, también detenidas en la causa.
Mauricio Alejandro Córdoba y Francisco Alejandro Aragón, ambos de 28 años, fueron indagados por separado y sin mantener contacto entre sí. A pesar de ello, coincidieron en los principales argumentos presentados ante la Justicia Federal.
Los acusados admitieron que compraban y vendían criptomonedas, pero aseguraron que realizaban esa actividad de manera legal y que estaban inscritos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Sus defensores anticiparon que incorporarán las declaraciones juradas presentadas ante el organismo para intentar demostrar el origen y la trazabilidad de las operaciones.
Los dos rechazaron haber movilizado los U$S 14 millones atribuidos por la Fiscalía y afirmaron que los bienes identificados a su nombre no guardan relación con semejante volumen de dinero. También negaron haber sabido que el usuario conocido como “Sakamoto” sería Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como el responsable financiero del Comando Vermelho en la Argentina.
Según declararon, durante cinco años operaron con decenas de clientes y solamente mantuvieron transacciones con “Sakamoto” durante cuatro meses. La Fiscalía sostiene que Alves de Sousa se instaló en el país para blanquear fondos obtenidos por la organización brasileña mediante el narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. El sospechoso, considerado el presunto jefe de la estructura financiera, continúa prófugo.
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2022 creó un grupo de WhatsApp denominado “Cuenta Arg Verificados”. Desde allí habría impartido instrucciones bajo el alias “Sakamoto” a personas reclutadas para operar con activos digitales. Los investigadores estiman que esa red movilizó cerca de U$S 500 millones mediante la compraventa de criptomonedas.
Después de más de tres años de pesquisa, el fiscal federal Agustín Chit identificó a Córdoba, Aragón y sus respectivas madres como posibles integrantes de una estructura local y abrió una investigación paralela. En febrero, antes de que se definiera la situación procesal, Chit solicitó medidas cautelares sobre los fondos y bienes detectados. El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó congelar U$S 208.693. El dinero quedó depositado judicialmente en una cuenta especial del Banco Nación.
Con la incorporación de nuevos indicios, la Fiscalía pidió una serie de allanamientos que fueron realizados por efectivos de la División Antilavado de la Policía Federal. Tres de los acusados fueron detenidos durante los procedimientos. Aragón, en cambio, se presentó voluntariamente cuando supo que existía un pedido de captura en su contra. Durante los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que serán sometidos a peritajes.
En sus declaraciones, los jóvenes explicaron que habían estudiado juntos en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid. La amistad iniciada durante el secundario se mantuvo con los años y posteriormente derivó en su actividad conjunta dentro del mercado de criptoactivos. Antes de dedicarse a esas operaciones compartían gran parte de su tiempo libre en los barrios Lomas de Tafí y Presidente Perón, donde actualmente residen sus madres.
Personas allegadas a Aragón señalaron que utilizaba las ganancias obtenidas para financiar sus estudios de Medicina y solventar su residencia en Buenos Aires, ciudad donde actualmente desarrolla sus actividades. Córdoba, por su parte, estudiaba en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal cuando le diagnosticaron una enfermedad grave. Debido a ese cuadro debió someterse a un trasplante de médula ósea.
La defensa aportó además información sobre la situación personal y laboral de las madres. Agüero trabaja desde hace más de 17 años en un centro de atención telefónica y está casada con un hombre que presta servicios para una aplicación de cadetería.
Álvaro Zelarayán, abogado de los dos jóvenes, sostuvo que Aragón utilizó el nombre y el documento de su madre para abrir cuentas, pero afirmó que ella desconocía completamente el funcionamiento y el destino de las operaciones. “El hijo dejó perfectamente aclarado que su mamá no tiene nada que ver con la operatoria”, expresó el defensor.
Córdoba habría brindado una explicación similar respecto de Torres Toledo. Según esa versión, las mujeres prestaron involuntariamente sus datos y no participaron en las decisiones financieras. Zelarayán insistió en que sus defendidos eran operadores de criptomonedas y que utilizaban los ingresos para sostener sus estudios. También remarcó que el patrimonio encontrado no coincide con el dinero que la acusación sostiene que habrían administrado.
El juez Díaz Vélez deberá contrastar esos descargos con los movimientos bancarios, las operaciones en plataformas de criptoactivos, los mensajes secuestrados y la documentación tributaria que presentarán las defensas. A partir de ese análisis resolverá si procesa a los cuatro imputados, dicta la falta de mérito o dispone sobreseimientos. Antes de esa definición, podría revisar las detenciones de Torres Toledo y Agüero y ordenar su excarcelación.