La firma del Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje, derivó en un paro por tiempo indeterminado de los prácticos navales. Se estiman pérdidas de hasta 3 millones de dólares diarios y hay entre 140 y 160 embarcaciones inmovilizadas.
El Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, desregula el servicio de practicaje y pilotaje en los puertos de Argentina. La medida eliminó la obligatoriedad de contratar prácticos para ciertas embarcaciones, quitó los topes a las escalas salariales y flexibilizó los requisitos de seguridad y traslado de estos profesionales. Ante esta normativa, los 450 prácticos navales iniciaron un paro por tiempo indeterminado.
Según estimaciones oficiales, la medida de fuerza genera pérdidas económicas de entre 2 y 3 millones de dólares diarios. Actualmente, hay entre 140 y 160 buques inmovilizados con cargas de granos, insumos energéticos y mercaderías generales. En Neuquén, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur también se vio afectado, ya que su terminal offshore permanece paralizada frente a las costas de Bahía Blanca.
Sturzenegger justificó la reforma al calificar la actividad como un «kiosco regulatorio» con costos «exorbitantes» y sostuvo que el país necesita que sus ríos sean una «autopista para el desarrollo». Por su parte, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, calificó de «mentiras» los argumentos oficiales y advirtió que la flexibilización de la tarea aumenta los riesgos de colisión y derrames en las vías navegables. Morales aclaró que los honorarios de los prácticos, que rondan los 15 mil a 20 mil dólares por maniobra, no representan un gasto para el Estado, ya que son abonados por las empresas navieras, en su mayoría extranjeras.
El Ejecutivo, a través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), intimó a los profesionales a retomar sus tareas bajo amenaza de sumarios administrativos, denuncias penales con penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitaciones de por vida. Fuentes oficiales confirmaron que, ante la falta de acuerdo, se evalúa reemplazar a los especialistas locales con baqueanos, incluso de origen paraguayo, para evitar que los buques se desvíen hacia puertos del exterior.
El conflicto también tiene un trasfondo geopolítico. Los prácticos mantenían un rechazo a la desregulación del cabotaje, argumentando que la apertura del sector solo podría ser aprovechada por China. Esta postura contó con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, que manifestó su disconformidad con el proyecto oficial y realizó gestiones para frenarlo o introducir modificaciones.
En el sector privado, la cámara pesquera Capear-Alfa expresó su respaldo al nuevo régimen de practicaje, aunque exigió al Gobierno que asuma la responsabilidad de sostener la operación portuaria ante los daños que el conflicto ocasiona a la actividad.