La Justicia de Tucumán condenó a un comerciante de 52 años a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de usurpación por despojo mediante violencia. El fallo se dictó este jueves 6 de agosto.
La Justicia de Tucumán condenó a un comerciante de 52 años a dos años de prisión de ejecución condicional tras encontrarlo culpable del delito de usurpación por despojo mediante violencia. La sentencia fue dictada este jueves 6 de agosto al concluir el juicio oral y público.
La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Público Fiscal. Durante el debate, el fiscal Fernando Blanno, acompañado por las investigadoras Daniela Briz Tomás y Sofía Alderete Bimbi, sostuvo que el acusado ejecutó maniobras para tomar posesión del inmueble situado en pasaje Amenábar al 4300, en la zona noroeste de San Miguel de Tucumán, entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
En su alegato final, el representante del Ministerio Público señaló que el imputado abrió una puerta en la pared medianera para comunicar el terreno con su vivienda, instaló un medidor de energía eléctrica y contrató herreros para retirar el cerramiento existente y colocar un nuevo portón. Según la acusación, estas acciones evidenciaron su intención de ocupar definitivamente el predio.
Blanno afirmó que el comerciante tuvo pleno control de las maniobras, impartió instrucciones a los trabajadores, aseguró el acceso con una cadena y candados y conservó la llave del portón hasta el momento de restituir el inmueble por orden judicial. Esta circunstancia, según remarcó, evitó una mayor escalada del conflicto.
Tras un cuarto intermedio, la jueza María Alejandra Balcázar hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional. Además, le impuso reglas de conducta, entre ellas la prohibición de mantener contacto con la víctima o realizar actos de hostigamiento en su contra.
De acuerdo con la acusación, el conflicto comenzó el 30 de octubre de 2024, cuando el propietario se encontraba en el terreno junto a su esposa. En esa oportunidad, el ahora condenado llegó al lugar y, de manera agresiva, los expulsó del inmueble al asegurar que el terreno le pertenecía.
La situación se agravó el 2 de noviembre, cuando el damnificado intentó regresar y encontró el acceso obstruido por un automóvil perteneciente al comerciante.
Dos días después, el 4 de noviembre, aprovechando que el poseedor no se encontraba en el lugar, el acusado ingresó al predio acompañado por un grupo de trabajadores. Según la investigación, les ordenó retirar los postes y la tela metálica que delimitaban el frente del terreno y reemplazarlos por un portón de chapas de zinc, que quedó asegurado con cadena y candado, consumando así el despojo de la posesión ejercida por la víctima.
La restitución del inmueble se concretó el 20 de mayo de 2025, cuando el condenado entregó la llave del portón durante el procedimiento dispuesto por la Justicia para devolver el terreno a su legítimo poseedor.