Un hombre condenado por explotación sexual en Entre Ríos se fugó luego de escuchar el veredicto por videoconferencia. La sentencia fue dictada el 16 de junio por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dictó el 16 de junio una condena por explotación sexual contra un hombre, quien participó de la audiencia de manera virtual desde la provincia de Chaco a través de la plataforma Zoom. Tras escuchar el veredicto, el acusado se fugó.
El 20 de junio, efectivos de la Sección Villa Ángela (Chaco) de Gendarmería Nacional se dirigieron al domicilio del condenado para que firmara el acta de compromiso de las reglas impuestas por el tribunal, entre ellas la de fijar domicilio. Sin embargo, los agentes constataron que el hombre ya no se encontraba en ninguno de los tres lugares que había declarado.
La Justicia reconstruyó los movimientos del prófugo tras visitar tres propiedades en Villa Ángela. En la casa de la cuñada del condenado, la mujer declaró que había estado allí apenas cuatro días y que se había llevado todas sus pertenencias después de la condena. En otro domicilio, su pareja afirmó que había perdido contacto con él hacía aproximadamente un mes. La madre del condenado también aseguró desconocer su paradero desde hacía semanas.
Ante estas evidencias, el juez de Cámara Sebastián Gallino dictó la resolución Nº 29/2026, declarando al condenado en rebeldía por haberse ausentado del lugar asignado para su residencia sin autorización del tribunal.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una reparación económica de 65.292.000 pesos para la víctima. También ordenó el decomiso del inmueble utilizado para la explotación y el embargo de una moto. Por el momento, la ejecución de la condena permanece en suspenso mientras las fuerzas internacionales intentan localizar al condenado.
La investigación judicial comenzó en 2019 a partir de una denuncia recibida en la Línea 145, que fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), bajo la fiscalía de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. Luego, la causa pasó a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que logró identificar a la víctima en 2021.
En un principio, la causa tenía dos imputados, pero uno de los dueños del prostíbulo, Rubén Ángel Cabra (tío del condenado) falleció antes de ser indagado, por lo que su sobrino quedó como único acusado.
Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006, cuando la víctima, de 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en Villa Ángela, Chaco. Fue trasladada a Concepción del Uruguay y obligada a prostituirse en el prostíbulo Snack Bar, ubicado entre las Rutas Nacional 14 y Provincial 39. Allí, la joven fue sometida a violencia física, amenazas y explotación sexual hasta octubre o noviembre de 2008.
El testimonio de la víctima ante la Justicia indicó que Cabra la obligaba a prostituirse, la sometía a violaciones, golpes y la drogaba para doblegar su voluntad. Además, la amenazaba con prenderle fuego la casa a su familia en Chaco y lastimar a sus hermanos si intentaba escapar. La denunciante afirmó que, pese a los numerosos “pases” sexuales a los que era obligada, nunca recibió pago alguno y permaneció en total vulnerabilidad. Intentó escapar en dos oportunidades antes de lograr finalmente su libertad.