La Cámara Penal Conclusional, Sala III, rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por las defensas de José Frías Silva, Pablo Tomás Frías Silva y Martín Frías Silva, imputados por defraudación. El proceso continuará hacia el juicio oral y público.
La Cámara Penal Conclusional, Sala III, resolvió rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) solicitado por las defensas de José Frías Silva, Pablo Tomás Frías Silva y Martín Frías Silva, imputados en la causa caratulada «Frías Silva José y otros s/ Defraudación». Como resultado, el proceso continuará su curso hacia el juicio oral y público.
La decisión del tribunal se basó en la oposición del Ministerio Público Fiscal, el rechazo de las víctimas y la insuficiencia del ofrecimiento económico realizado por los imputados, considerado no razonable frente a la magnitud del perjuicio denunciado. Los magistrados aclararon que la resolución no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
El abogado Jorge Bernabé Lobo Aragón, representante legal de Isabel Frías Silva, afirmó: «Se cayeron las maniobras dilatorias. Vamos por fin a juicio».
La causa investiga una presunta defraudación relacionada con la administración de un patrimonio familiar y empresarial. Según la querella, las maniobras habrían perjudicado a Isabel Frías Silva y María Frías Silva, quienes sostienen haber sido excluidas del manejo de sociedades, de la distribución de dividendos y de la administración de bienes. La acusación sostiene que esa exclusión constituyó una maniobra defraudatoria y una forma de violencia económica y de género.
El patrimonio incluye establecimientos agropecuarios, campos, inmuebles urbanos, propiedades en Yerba Buena, fideicomisos, hoteles, tambos, explotaciones cañeras, plantaciones de limones y soja, emprendimientos de papas semilla, gimnasios y arrendamientos rurales.
La controversia no es nueva. En agosto de 2025, la causa adquirió repercusión cuando se anunció una audiencia en la Cámara Penal Conclusional. En esa ocasión, el abogado Lobo Aragón difundió una carta pública titulada «La audiencia que rompe el silencio», en la que sostuvo que el proceso permitiría que las presuntas víctimas fueran escuchadas directamente por los jueces y el fiscal de Cámara.
Con el rechazo de la probation, la investigación entra en una etapa decisiva. Durante el debate oral, la fiscalía y la querella intentarán acreditar las maniobras denunciadas, mientras que las defensas buscarán demostrar la inexistencia de responsabilidades penales de los acusados.