El sospechoso, de 36 años, fue capturado el 12 de septiembre en el paso Gualeguaychú-Fray Bentos. La Fiscalía lo imputó el 25 de septiembre por defraudación con cheques sin fondos y pidió 54 días de prisión preventiva. En la causa también están señaladas Ivana Vanesa Argañaraz, detenida, y su pareja Jorge Omar Abraham, prófugo. La investigación incluye la posible participación de Ramiro Petros.
José Benjamín Zavalía, de 36 años, fue capturado el 12 de septiembre en el paso fronterizo entre Gualeguaychú, Entre Ríos, y Fray Bentos, Uruguay. Quedó imputado en una causa por una presunta estafa de casi $90 millones contra una concesionaria ubicada en avenida Néstor Kirchner 3975, en San Miguel de Tucumán.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una Volkswagen Amarok involucrada en la maniobra investigada, en la que se trasladaba el sospechoso, según lo informado por la Fiscalía.
Tras su traslado a Tucumán, el 25 de septiembre fue acusado por el fiscal Diego Hevia, titular de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Público Fiscal, por el delito de defraudación por el pago con cheques sin provisión de fondos, en calidad de coautor.
En el expediente también están señalados Ivana Vanesa Argañaraz, de 47 años, y su pareja, Jorge Omar Abraham. La mujer se presentó voluntariamente ante la Policía de Tucumán el 17 de septiembre y quedó detenida. Abraham continuaba prófugo, según lo informado por la Fiscalía durante las audiencias.
La causa se inició a partir de la denuncia de la concesionaria. Según la acusación, en enero de 2025 los sospechosos se presentaron en el comercio y manifestaron su intención de adquirir distintos vehículos, aparentando contar con una sólida posición económica.
Para respaldar esa supuesta solvencia, se habrían presentado como titulares de negocios y bienes, además de mencionar otros emprendimientos que tendrían en común. De esa manera, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, buscaron generar confianza para concretar las operaciones.
Los vehículos adquiridos fueron una Volkswagen Amarok Extreme 4×4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para pagarlos, entregaron cheques correspondientes a INDI SRL, Centro Neurofisiológico de Diagnóstico, una firma de la que Argañaraz era titular del 50% de las cuotas societarias.
La investigación atribuye funciones específicas a cada uno de los acusados. Argañaraz habría aportado la chequera y Abraham habría firmado los valores utilizados en las operaciones. A Zavalía, en tanto, se le atribuye haberse presentado como comprador, retirado dos de los vehículos y puesto los cheques en circulación como medio de pago.
Cuando la concesionaria intentó cobrarlos, los cheques fueron rechazados por falta de fondos. El perjuicio patrimonial fue estimado inicialmente en casi $90 millones.
A principios de septiembre, un juez había ordenado declarar en rebeldía a los imputados y dispuesto su captura tanto dentro como fuera del país. Posteriormente se produjo la detención de Zavalía en la frontera y la presentación voluntaria de Argañaraz ante la Policía.
Durante la audiencia del 25 de septiembre, Hevia sostuvo que existían riesgos procesales y remarcó que Zavalía tiene domicilio en Santiago del Estero y no cuenta con arraigo en Tucumán. También señaló que registra una condena anterior de dos años de cumplimiento condicional.
“Hubo un plan preacordado, donde tres personas, simulando solvencia, se valieron de una estructura societaria fantasma”, afirmó el fiscal al describir la maniobra que investiga el Ministerio Público Fiscal.
Hevia destacó, además, que al momento de su captura el acusado se encontraba con un vehículo cuyo título continuaba registrado a nombre de la concesionaria damnificada.
Con esos argumentos, solicitó 54 días de prisión preventiva para Zavalía. Según lo expuesto en la audiencia, el plazo requerido buscaba coincidir con el de la medida dispuesta para Argañaraz, con vencimiento informado para el 17 de noviembre.
La mujer ya había sido imputada como presunta coautora de estafa en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos. En su caso, la Justicia dispuso 60 días de prisión preventiva y rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por su defensa.
Otro aspecto de la investigación se concentra en la posible participación de Ramiro Petros. Durante la audiencia de formulación de cargos contra Argañaraz, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás señaló que restaba investigar su eventual intervención en los hechos.
La Fiscalía procura establecer si Petros tuvo algún papel en las operaciones investigadas y cuál habría sido su alcance. Su eventual vinculación continúa bajo investigación, mientras avanzan las medidas para esclarecer la maniobra y dar con el paradero de Abraham.