La Fiscalía reformuló los cargos en la causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido el 7 de enero, y señaló a Felipe Sosa como único responsable de la muerte. Tres personas fueron imputadas por encubrimiento.
En una audiencia realizada este viernes 26 de junio, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo, presentó la reformulación de los cargos en la causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido el pasado 7 de enero. La auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma fundamentó los ajustes en el legajo, explicando que, si bien no hay cambios sustanciales en las calificaciones, las evidencias recolectadas permitieron precisar la mecánica del hecho y el rol de cada involucrado.
“Vamos a quitar la intervención de otras personas en el femicidio y una modificación en el horario. En lo que hace a la intervención de otras personas, desde el primer momento se ha colocado a Sosa en calidad de autor, y eso no está modificado, pero de la imputación surgía la actuación de otros sujetos con otro grado de participación, y es lo que vamos a descartar”, precisó la investigadora del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.
De acuerdo a la reconstrucción fiscal, el crimen se desencadenó en la madrugada del 7 de enero de 2026. Érika Álvarez salió de su domicilio en la capital tucumana a las 03:37 horas en un vehículo de aplicación y arribó a la vivienda de Felipe Sosa, ubicada en calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, trece minutos después. Entre las 03:50 y las 07:00 de la mañana, Sosa habría perpetrado el ataque. Según la acusación, valiéndose de una relación asimétrica de poder y la vulnerabilidad de la víctima, el imputado la golpeó con violencia a nivel cráneo-facial. El informe forense detalla lesiones: hematomas múltiples, luxación de las articulaciones de la mandíbula con desprendimiento del macizo mandibular y luxación de vértebras cervicales, lo que le provocó la muerte casi de manera inmediata.
Tras el asesinato, se habría activado un operativo para borrar rastros y garantizar la impunidad de Sosa. Justina Gordillo, funcionaria del Poder Judicial de Tucumán, está imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por la gravedad del hecho precedente, por su condición de funcionaria y por actuar con ánimo de lucro. Las pruebas indican que Gordillo mantuvo comunicaciones constantes con Sosa desde la mañana del crimen y colaboró en la eliminación de evidencias de la camioneta Amarok utilizada por el femicida, así como en el ocultamiento del celular y las prendas de Érika. Además, habría facilitado la fuga de Sosa a Buenos Aires el 9 de enero, entregándole su propia motocicleta y dinero. A cambio, la investigación detectó un trasfondo económico: Gordillo habría recibido poderes especiales para manejar las sociedades Mundo Limpio SRL, Grupo Seguridad Objetiva SA y Seguridad Objetiva SA, además de transferencias de bienes a su nombre.
Por su parte, Jorge “Chicho” Díaz y Nicolás Navarro enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Se acusa a Díaz de haberse presentado en el domicilio de Yerba Buena horas después del crimen para realizar tareas de limpieza en la escena y retirar del lugar un arsenal —una pistola Glock .40 y una escopeta con cartuchos— para ocultarlo de la justicia. Navarro, en tanto, habría sido el encargado de deshacerse de dos bolsas que le entregó Sosa a medianoche, las cuales contendrían rastros biológicos y pertenencias de la víctima.