La explosión de un edificio en Monteagudo 120 impulsó una revisión de la situación administrativa de los inmuebles colectivos. La falta de certificado de final de obra es uno de los principales problemas, y regularizar una propiedad implica un proceso complejo y costoso.
La explosión del edificio ubicado en la calle Monteagudo 120 encendió las alarmas en San Miguel de Tucumán e impulsó una revisión profunda sobre el estado administrativo de las viviendas capitalinas. Tras confirmarse que dicha propiedad carecía del certificado de final de obra, el Concejo Deliberante puso el foco en la cantidad de inmuebles colectivos que funcionan en condiciones de irregularidad similares.
Sin embargo, regularizar una propiedad en la capital tucumana representa un trayecto complejo atravesado por un “sistema ineficiente” y costoso, según relató un gestor frecuente de estos trámites.
Un documento clave pero frecuentemente postergado
El certificado de final de obra es el cierre técnico y administrativo de cualquier construcción. Es un documento emitido por la Municipalidad una vez que se verifica que la obra coincide con los planos aprobados y que respeta la normativa vigente.
A pesar de su importancia, muchas obras quedan sin cumplir este último paso. “Esto puede deberse a distintos motivos. Uno de los más frecuentes son los costos que implica completar el trámite, ya que previamente deben abonarse tasas y cumplirse distintos requisitos municipales que, en algunos casos, representan una inversión significativa para el desarrollador”, explicó Luis Décima, especialista en catastro y edificación.
A esta barrera económica se le suman otras dificultades que explican la postergación: modificaciones no declaradas respecto al proyecto original, la falta de seguimiento del trámite por parte de los profesionales intervinientes y la falta de voluntad de los propietarios y/o consorcios de los edificios.
Ineficiencia, falta de digitalización y desconexión interna
“El sistema ya está armado, pero es ineficiente”, cuestionó Décima al referirse a la dinámica de tramitación. Entre las principales falencias señaladas por gestores y profesionales resaltan la falta de digitalización y la ausencia de un sistema centralizado.
En este sentido, las dependencias actuarían como compartimentos desconectados. “No hay conexión entre la Dirección de Ingresos Municipales con Catastro para sacar el libre deuda, por ejemplo”, agregó el especialista.
Aun así, la falta de esta documentación no implica necesariamente un riesgo estructural inmediato para los habitantes, pero sí desencadena consecuencias tanto administrativas como jurídicas.
Según Décima, algunos de estos inconvenientes son: dificultades para escriturar, vender una unidad, obtener un crédito, realizar subdivisiones o acreditar que el inmueble se encuentra completamente regularizado. Además, ante un siniestro crítico, como un incendio o un fallo de infraestructura, el final de obra es la herramienta que delimita sobre quién recae la responsabilidad.
La lupa de los concejales capitalinos
Frente a la gravedad de la situación, el Concejo Deliberante aprobó en su última sesión una invitación destinada a funcionarios municipales para participar de una reunión conjunta. El objetivo es analizar la normativa y los procedimientos de aprobación, inspección y regularización de las viviendas colectivas.
Tanto el oficialismo como la oposición reconocieron la necesidad de avanzar en ese sentido. “Es uno de tantos temas estructurales que tenemos en la capital. Esto ha ocurrido en todas las gestiones municipales, de distintas fuerzas políticas”, afirmó el concejal Ernesto Nagle al ratificar el compromiso.