Los fondos de inversión Bainbridge y Attestor, que litigaban contra Argentina por bonos en default desde 2001, pidieron formalmente a la Justicia de Nueva York que cierre las causas luego de recibir los pagos acordados.
Los fondos de inversión Bainbridge y Attestor, que formaban parte del grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001, solicitaron ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York el cierre de las causas judiciales contra Argentina. El pedido se produjo después de que el Congreso argentino ratificara los acuerdos económicos alcanzados con ambos fondos, requisito legal para habilitar los pagos.
Según la documentación judicial, Bainbridge presentó el 29 de julio un escrito ante el tribunal, actualmente a cargo de la jueza Loretta Preska, en el que informó que la sentencia fue satisfecha. El escrito recordó que el 1 de diciembre de 2020 la Justicia neoyorquina había dictado un fallo firme a favor de Bainbridge por sus tenencias en bonos en default, y que el 1 de abril de 2026 el fondo y Argentina firmaron un acuerdo de cierre. “El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago”, indicó el documento.
El Gobierno informó en el Boletín Oficial que Bainbridge cobró US$67 millones en el marco del acuerdo aprobado por el Congreso. Attestor, por su parte, habría cobrado una cifra en torno a los US$104 millones, aunque el texto completo de su acuerdo no se difundió públicamente.
La ley que habilitó los pagos fue aprobada por el Congreso a fines de junio y publicada el 1 de julio en el Boletín Oficial. Habilitó dos acuerdos distintos: uno con Bainbridge y otro con un grupo de fondos liderado por Attestor Master. El Tesoro señaló que ambos pagos se imputarían en las cuentas públicas como “servicios de la deuda”.
Con el acuerdo ya cobrado y las causas en vías de cierre, Argentina resuelve otro de los conflictos heredados de la crisis de 2001. No obstante, persisten reclamos de bonistas individuales por unos US$2000 millones por el default, además de otros litigios en el exterior que en conjunto rondan los US$10.000 millones.