El Banco Central, a través del Banco Macro, requirió a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán que informe beneficiarios, motivos y respaldos de extracciones en efectivo por $21.105.019.379,18 entre abril de 2025 y marzo de 2026.
El Banco Macro, agente financiero de la provincia de Tucumán, cursó un requerimiento formal a la Caja Popular de Ahorros el 18 de mayo de 2026, bajo el Legajo 9492, para que justifique retiros en efectivo por ventanilla de sus cuentas por un total de $21.105.019.379,18 entre abril de 2025 y marzo de 2026. La solicitud se realizó por pedido del Banco Central de la República Argentina, en el marco de la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que obliga a las entidades financieras a monitorear el destino de fondos públicos.
El documento, firmado por el gerente divisional Fernando Ariel Tabora, exige que se informe el nombre o razón social de cada beneficiario, su clave tributaria, el motivo de cada pago y la documentación de respaldo. El requerimiento fue recibido y sellado por la Secretaría Privada de la Intervención de la Caja el mismo día a las 12:00.
Los montos trimestrales detallados son: abril-junio de 2025, $8.730.677.349,67; julio-septiembre de 2025, $1.734.767.423,55; octubre-diciembre de 2025, $6.908.431.025,08; enero-marzo de 2026, $3.731.143.580,88. El total equivale a aproximadamente USD 17.000.000 al tipo de cambio oficial de cada trimestre.
El período abarcado incluye la gestión del ex interventor José Díaz (hasta el 22 de enero de 2026) y la actual intervención a cargo de Guillermo Norry, a quien está dirigido el requerimiento. El Banco Macro advierte que, de no obtenerse respuesta, podría proceder con un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF.
El 1 de junio de 2026, la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán difundió que la Caja había reforzado la prevención de lavado de activos, sin mencionar el requerimiento del Banco Central. El subinterventor Antonio Bustamante declaró: «Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la Unidad de Información Financiera».
Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de la provincia, mediante el Acuerdo N° 5183 de noviembre de 2025, dictaminó que los balances de la Caja «no presentan razonablemente la información» y señaló una deuda de más de $3.381 millones con el Sistema Provincial de Salud entre 2020 y 2023. Además, el Acuerdo N° 1348 del 29 de abril de 2026 declaró la nulidad absoluta del nombramiento de José Díaz como empleado de planta permanente, por violación del artículo 9° de la Constitución provincial que prohíbe la acumulación de cargos. Dicha resolución fue ejecutada por la intervención actual el 19 de mayo de 2026.
La fiscal provincial Marta Mariana Rivadeneira investiga a Díaz en la causa S-048030/2024 por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El 23 de junio de 2026, el Tribunal de Cuentas remitió a la fiscalía los cinco ejercicios contables de la Caja (2018-2019 a 2022-2023) junto con el expediente de la designación.
El requerimiento del Banco Macro se inscribe en antecedentes similares. En 2015, la investigación periodística «valijazo» documentó retiros de efectivo de la Legislatura provincial por montos crecientes en meses electorales, causa que fue sobreseída. En 2024, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció a ocho municipios por extracciones por $39.487 millones, causa archivada en el fuero federal.
La Caja Popular de Ahorros opera el monopolio del juego en Tucumán desde 1995. Según reconstrucción de este medio a partir de balances internos y registros públicos, movilizó aproximadamente USD 9.547 millones en tres décadas. La Ley N° 5.115 (Carta Orgánica) establece que el 25% del resultado bruto del juego debe destinarse al sistema de salud; los balances internos indican que el Sistema Provincial de Salud recibió entre el 2% y el 3% en promedio, lo que implicaría un desvío potencial superior a los USD 2.100 millones, según cálculos de este medio. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N° 1.142 el 9 de junio de 2026 para reclamar al menos $200 millones de esa deuda.
Consultado por las cifras del Tribunal de Cuentas, José César Díaz las rechazó públicamente el 17 de noviembre de 2025, objetando el cálculo sobre la recaudación bruta y sosteniendo que los aportes a la salud eran anuales y de caudal oscilante.