El Tribunal de Cuentas de la Provincia declaró la nulidad absoluta de los contratos celebrados bajo la gestión del exinterventor José Díaz en la Caja Popular de Ahorros, al detectar que el estudio contable contratado auditaba la gestión de un familiar directo.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia declaró la nulidad absoluta de los contratos celebrados bajo la gestión del exinterventor José Díaz en la Caja Popular de Ahorros (CPA). Según informó el organismo, las contrataciones directas y renovaciones otorgadas al estudio «Concilio & Sarralde S.A.S.» fueron anuladas por considerar que existió una relación de parentesco entre el auditor y el auditado, lo que vulneró la independencia técnica exigida por la Resolución Técnica N° 53 de la FACPCE.
La investigación, basada en el Expediente N° 2239-360-2026, determinó que el contador Octavio Concilio, socio gerente del estudio contratado, es hermano de Francisco Concilio, quien se desempeña como Gerente de ART de la CPA. Según el Tribunal, esta relación de consanguinidad impedía que el estudio realizara la auditoría externa, ya que debía controlar la gestión de su propio familiar.
Además del vínculo familiar, el Tribunal detectó una irregularidad técnica denominada «auto-revisión». El estudio Concilio & Sarralde no solo realizaba la auditoría externa, sino también la registración contable de las operaciones de la CPA. Esto implicaba que el estudio preparaba los números y luego firmaba los informes asegurando que esos mismos números estaban correctos, lo que el TC calificó como un vicio «autónomamente invalidante».
La primera contratación directa se autorizó en febrero de 2024. A pesar de las advertencias internas realizadas por el Asesor de Intervención, C.P.N. Carlos Alberto Cainzo, y el Gerente Financiero, C.P.N. Carlos F. Ortiz Soler, la gestión de Díaz decidió renovar el contrato en septiembre de 2025. El Tribunal de Cuentas señaló que la relación de parentesco figuraba en los propios instrumentos de contratación.
Ante la gravedad de las irregularidades, el Tribunal de Cuentas ordenó frenar cualquier pago pendiente e inició una Comprobación Sumaria para determinar el perjuicio fiscal global. Además, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas también instruyó a las autoridades de la CPA para que pongan en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la reciente anulación de la designación de José Díaz como empleado de planta permanente. Según el organismo, la designación fue firmada por el entonces subinterventor Hugo Ledesma sin facultades legales, y beneficiaba directamente a su superior jerárquico. El Tribunal advirtió la necesidad de dar intervención a la Justicia ordinaria ante la posible configuración de un conflicto de intereses y desviación de poder.