Tres de los detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán fueron imputados bajo la figura de coautoría funcional. Solo uno de ellos aceptó declarar.
Los detenidos Marcos Nacif, Pablo Abraham Pérez y Rodrigo Chávez, vinculados al secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán, fueron convocados a ampliar su indagatoria. La audiencia se realizó en el marco de la investigación por el cargamento hallado en una Toyota Hilux.
Durante la audiencia, los funcionarios judiciales informaron a los tres acusados que, a partir de nuevas evidencias, serán investigados bajo la figura de coautoría funcional en el transporte de estupefacientes. Luego, se les exhibieron los elementos probatorios que, según la pesquisa, comprometen su situación procesal.
La coautoría funcional contempla la participación coordinada de varias personas en la ejecución de un delito mediante aportes considerados esenciales para un objetivo común. En este caso, la reformulación de cargos refuerza la hipótesis de que los tres imputados habrían desempeñado distintos roles logísticos en el traslado de la droga.
Tras la exposición de la nueva imputación, el tribunal ofreció a los acusados la posibilidad de declarar. Rodrigo “Icha” Chávez fue el único que aceptó. Su defensor, Benito Allende, explicó que se le exhibieron dos licencias de conducir halladas en una oficina de Pablo Abraham Pérez. Chávez reconoció que los documentos eran de su propiedad y sostuvo que habían quedado dentro de la camioneta cuando se la entregó a Pérez como parte de pago por otro vehículo.
Allende afirmó que la situación procesal de su defendido no sufrió modificaciones sustanciales y recordó que Chávez nunca negó haber sido titular de la Toyota Hilux. Indicó que desde el inicio sostuvo que había transferido el vehículo a Pérez aproximadamente quince días antes del secuestro. Anticipó que continuará incorporando documentación para solicitar la falta de mérito.
Marcos Nacif no declaró. Su nuevo defensor, Javier Lobo Aragón, explicó que la decisión de mantener silencio respondió al agravamiento de la acusación. Precisó que asumieron recientemente la representación y que primero analizarán el expediente. Adelantó que su defendido tiene intención de declarar más adelante porque “no tiene nada que ocultar”.
Pablo Abraham Pérez volvió a ejercer su derecho a no declarar, por segunda oportunidad consecutiva. Su abogado, Ernesto García Biagosch, evitó formular declaraciones públicas.
Con esta reformulación, la investigación federal profundiza la hipótesis de que los tres acusados habrían tenido una intervención coordinada en la logística del transporte de los 470 kilos de cocaína. La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno.