Tras la disolución de la entidad financiera, fiscales y policías realizaron allanamientos en distintos puntos del país. El expresidente Santiago Peña fue destituido y enviado a prisión preventiva. Se decomisaron 9 vehículos de alta gama, dos aeronaves, un yate y documentación en oficinas y empresas vinculadas al Grupo Vázquez.
Después del escándalo por la disolución de la entidad financiera Ueno bank, equipos de fiscales y policías participaron en allanamientos en distintos puntos de Paraguay, en el marco de una causa judicial que derivó en la destitución del expresidente Santiago Peña mediante un juicio político. Un juez envió a Peña a prisión preventiva este sábado mientras continúa la investigación.
Según registros del Ministerio Público y la Policía, hasta la fecha se decomisaron 9 vehículos «de alta gama», entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4, entre otros.
Los autos, aún sin matrícula y valuados en 1,4 millones de dólares por medios locales, fueron hallados en la residencia en Asunción de Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno bank, y entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
También fue incautado un yate de marca Azimut, bautizado ‘Zeus’, que pertenecería a Vázquez, atracado en un condominio privado en la localidad de San Juan del Paraná, en el departamento de Itapúa, en el sur del país.
Los investigadores embargaron igualmente dos aeronaves: un Beech Aircraft Corporation, modelo 300, fabricado en 1984 y registrado a nombre de Ueno, y un Beechcraft, modelo B55, de 1979, propiedad del Grupo Vázquez, propietario de la finiquitada entidad.
Como parte de la causa judicial se ordenaron distintos allanamientos, entre ellos a una oficina del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Holding, que reúne a varias empresas como Ueno bank, donde se encontraron, entre otros, una bóveda con «diversos documentos» cuyo contenido no se reveló de inmediato.
Los registros se extendieron a empresas como Technoma «presuntamente vinculada al Grupo Ueno», según la Fiscalía, e Itti, una firma tecnológica que brindaba servicios a Ueno e integrante del Grupo Vázquez. En Itti fueron incautados documentos, portátiles, servidores y teléfonos celulares, entre otros, según fuentes de la Fiscalía.
El diario local ABC Color apuntó que las diligencias se extenderían a otras 13 empresas relacionadas con el grupo empresarial, sin precisar mayores detalles.
Por otra parte, el Ministerio Público informó que sus funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción verificaron en un operativo tres propiedades en un complejo residencial en la ciudad de Altos (a unos 50 kilómetros de Asunción). Las propiedades estarían vinculadas patrimonialmente a Miguel Ángel Almada Frutos, César Astigarraga Lambaré y Miguel Vázquez, imputados en la causa por Ueno bank.
El Registro Unificado Nacional (RUN) de Paraguay identificó 47 propiedades vinculadas a Ueno bank, según confirmó la directora de la entidad, Lourdes González.
A pedido del Banco Central del Paraguay (BCP), que el pasado martes ordenó el proceso de resolución de Ueno bank debido a problemas de solvencia, un juzgado en lo civil y comercial ordenó el embargo preventivo de los bienes de los representantes del Grupo Vázquez y de Ueno bank. La acción alcanzó unos 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes (unos 255,6 millones de dólares) del déficit que tenía el banco, así como la suma de 58.639.000 guaraníes (unos 9.370 dólares) estimada en gastos judiciales, según recogieron medios locales.
Además del mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno, Miguel Vásquez, fueron detenidos el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni; el miembro de esa instancia, Julio Rey Fernández; los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller; así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada. De igual forma, la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González. Vásquez y otros cinco directivos fueron enviados a cárceles de procesados.