Referentes de LLA, Fuerza Republicana, Cambia Tucumán, Creo y la UCR objetaron el gasto y el procedimiento de contratación directa; el PRO consideró que adquirir inmuebles puede ser una inversión para el Estado.
La decisión de avanzar con la compra de un inmueble para la Junta Electoral Provincial (JEP) generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición tucumana. Referentes políticos pusieron en discusión el destino de los fondos públicos, el procedimiento elegido para concretar la operación y la conveniencia de realizar ese gasto en un contexto de demandas de infraestructura.
Las críticas apuntaron a la falta de obras hídricas de envergadura, ante la proximidad de la temporada de lluvias, y a la modalidad de adquisición del edificio. Algunos dirigentes reclamaron una licitación pública, mientras que otros propusieron utilizar inmuebles estatales existentes o invertir en la modernización del sistema electoral.
La discusión reunió posiciones de La Libertad Avanza (LLA), Fuerza Republicana, Cambia Tucumán, Creo y la Unión Cívica Radical (UCR). El PRO, por su parte, consideró que adquirir propiedades puede representar una inversión conveniente para el Estado, siempre que la operación responda a criterios económicos y presupuestarios razonables.
La Libertad Avanza cuestionó las prioridades del Gobierno provincial
Desde La Libertad Avanza Tucumán expresaron un rechazo a la operación y cuestionaron al gobernador Osvaldo Jaldo por la administración de los recursos públicos. El espacio sostuvo que existen necesidades urgentes que deberían tener prioridad sobre la adquisición de un edificio para el organismo electoral.
“En Tucumán, las prioridades están totalmente alteradas: sigue el despilfarro en gasto político, pero no hay obras para evitar inundaciones, ni inversión en escuelas, ni cloacas para los vecinos”, manifestaron desde LLA.
También señalaron: “Para la política, siempre hay plata; para resolver los problemas de los tucumanos, nunca”. En ese sentido, acusaron al mandatario provincial de mantener una agenda electoral permanente y cuestionaron las prioridades de su gestión.
Ricardo Bussi cuestionó la contratación directa
El legislador Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, centró sus objeciones en el procedimiento utilizado para avanzar con la compra. Si bien reconoció que el funcionamiento permanente de la Junta Electoral Provincial puede justificar la necesidad de contar con una sede propia, consideró que esa circunstancia no habilita automáticamente una contratación directa.
“Ahora bien, esto no habilita la contratación directa”, advirtió. Además, puso en duda que el inmueble seleccionado sea la única alternativa disponible para el funcionamiento del organismo.
Bussi también cuestionó la magnitud de la inversión y sostuvo que debe analizarse teniendo en cuenta las necesidades económicas y sociales de la provincia. “El gobernador acude una vez más a gambetear la ley, despilfarrando dinero, y dando las espaldas a los tucumanos”, afirmó.
Manuel Courel pidió priorizar las obras contra las inundaciones
Desde Cambia Tucumán, Manuel Courel también cuestionó la oportunidad del gasto y el mecanismo de adquisición. El dirigente consideró que la compra debería haberse realizado mediante una licitación pública y planteó que el Gobierno provincial tendría que concentrar sus recursos en obras de infraestructura.
“Primero, se debía hacer un llamado a licitación pública; segundo, ese gasto en este momento me parece completamente inoportuno”, expresó.
Courel relacionó su cuestionamiento con la proximidad del verano y la posibilidad de que vuelvan a registrarse inundaciones en distintos sectores de Tucumán. “Ya está llegando el verano donde seguramente vamos a sufrir inundaciones como el verano pasado o tal vez peores. Está claro que las grandes obras que necesita Tucumán no se hicieron”, manifestó.
Además, sostuvo que una alternativa sería destinar recursos a la modernización del sistema electoral provincial. En particular, propuso avanzar hacia un mecanismo de voto electrónico que, según su planteo, permitiría reducir costos. “Ahí es donde se tendría que haber invertido la plata, en un sistema moderno de voto electrónico para ahorrar el millón de dólares”, afirmó.
Desde Creo reclamaron atender otras necesidades de la provincia
El dirigente Sebastián Murga, de Creo, coincidió en que la provincia debería establecer otras prioridades antes de realizar una inversión de estas características. Murga cuestionó los elevados costos asociados al funcionamiento electoral y consideró que los recursos disponibles deben orientarse hacia necesidades más urgentes.
“La provincia no está en condiciones de gastar un centavo. Hay antes otras prioridades en la provincia para las cuales se debe destinar esa plata”, expresó. Su postura se sumó a los cuestionamientos de otros sectores opositores que consideran inoportuna la compra del inmueble en el actual contexto provincial.
La UCR reclamó obras hídricas e independencia para la Junta Electoral
El presidente de la Unión Cívica Radical de Tucumán, José Francisco “Lucho” Argañaraz, también cuestionó la decisión y puso el foco en las obras necesarias para prevenir inundaciones. “Gastar esa cifra en dólares cuando no se hacen obras hídricas de envergadura en Tucumán es faltar el respeto a la gente y alterar el orden de las prioridades”, sostuvo.
Argañaraz planteó, además, que la provincia dispone de edificios públicos que podrían acondicionarse para albergar a la Junta Electoral, sin necesidad de adquirir una nueva propiedad. El dirigente radical también vinculó la discusión con el funcionamiento institucional del organismo y reclamó fortalecer su independencia. “Que sea un órgano verdaderamente independiente, no ganamos nada con que tenga un edificio nuevo si va a seguir siendo lo mismo”, manifestó.
El PRO planteó que comprar inmuebles puede ser una inversión para el Estado
A diferencia de otros referentes opositores, el presidente del PRO Tucumán, Benjamín Terraf, consideró que la adquisición de propiedades puede representar una decisión conveniente si se realiza dentro de una estrategia de administración eficiente de los recursos. El dirigente sostuvo que contar con edificios propios puede permitir al Estado reducir gastos permanentes de alquiler y fortalecer su patrimonio.
“Desde el PRO Tucumán sostenemos que la provincia debe avanzar hacia una política de administración eficiente de sus recursos, con una visión estratégica que permita fortalecer y capitalizar progresivamente el patrimonio del Estado”, expresó.
Terraf propuso identificar los organismos provinciales que actualmente funcionan en inmuebles alquilados y analizar, en cada caso, si resulta conveniente adquirir una propiedad. “No se trata de aumentar el tamaño del Estado, sino de administrar mejor lo que tenemos, reducir gastos estructurales y transformar recursos públicos en patrimonio que permanezca para las próximas generaciones”, afirmó. De todos modos, aclaró que estas operaciones deben responder a criterios de razonabilidad económica y sostenibilidad presupuestaria.
La compra de la sede de la Junta Electoral abrió un nuevo debate político
La adquisición del inmueble para la Junta Electoral Provincial instaló una discusión sobre cómo deben utilizarse los recursos públicos y cuáles deberían ser las prioridades de inversión en Tucumán. Mientras algunos sectores opositores rechazaron el gasto y cuestionaron la contratación directa, otros consideraron que la compra de edificios propios puede resultar beneficiosa cuando existe una planificación adecuada.
La discusión también incorporó planteos sobre la necesidad de avanzar con obras para prevenir inundaciones, modernizar el sistema de votación y fortalecer la autonomía institucional del organismo electoral. Con posiciones diferentes sobre la conveniencia de la operación, la oposición puso bajo debate tanto el mecanismo de compra como el destino de los fondos provinciales.
Fuente: LA GACETA