El Tribunal Oral Federal 5 reanudó este lunes la lectura de la acusación de la fiscalía en la causa Los Sauces, que involucra a la empresa familiar de los Kirchner. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que la sociedad recibió fondos ilícitos de los grupos Báez e Indalo bajo la forma de alquileres.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, citó a una nueva audiencia de lectura de la acusación para el lunes 2 de noviembre a las 10 de la mañana, según informaron fuentes judiciales.
En la audiencia de este lunes se leyó la parte del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que reconstruye quién le pagaba a Los Sauces SA, cuánto y cómo ese dinero llegaba a los Kirchner. A continuación se leerá la acusación de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal dispuso que se dejen pasar 10 días hábiles desde que se reunificaron los juicios el 21 de octubre pasado para comenzar a leer la acusación de Hotesur. Por ello, esta actividad demandará varias audiencias en noviembre y diciembre. Una vez leídas ambas acusaciones, comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados.
Según el requerimiento, el papel de Los Sauces era «recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner».
Desde diciembre de 2006, la sociedad incorporó una decena de propiedades, terrenos y hoteles en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Puerto Madero. Luego alquiló esos bienes a empresarios. Las empresas de Báez alquilaron edificios en Río Gallegos; las de Cristóbal López y De Sousa alquilaron departamentos en Puerto Madero; y el hotel La Aldea, en El Chaltén, quedó en manos de dos empresas que los fiscales consideran pantallas: Valle Mitre, de Báez, e Idea, de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia.
Para la acusación, esas propiedades «resultaban innecesarias o más costosas que los valores de mercado» para quienes las alquilaban.
Los peritos contadores reconstruyeron todo lo que facturó Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016. Usaron los libros de la empresa y, cuando no los encontraron, los movimientos de sus cuentas bancarias. El análisis muestra que una sola empresa de Cristóbal López, Inversora M&S, pagó casi la mitad de todo lo que cobró Los Sauces en siete años. Sumadas por grupo, las empresas de López aportaron el 65% y las de Báez, el 23%. Los fiscales cuentan a Idea dentro del grupo de López. Los inquilinos sin vínculo con esos grupos pagaron apenas el 12%.
Por eso los fiscales sostienen que en Los Sauces «se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria».
En el caso de Báez, la fiscalía menciona que se quedó con 51 obras, casi el 80% del total, y que por la causa Vialidad Cristina Kirchner tiene una condena firme de seis años por fraude, al igual que Báez. En el caso de López y De Sousa, la fiscalía apunta a los negocios de su grupo con el Estado: obras públicas, juego, petróleo y beneficios impositivos. En 2009 la constructora CPC, del mismo grupo, ganó contratos viales millonarios y le giró más de 50 millones de pesos a Inversora M&S, la empresa que pagaba los alquileres a Los Sauces. Por eso los fiscales califican esos pagos como «dádivas», es decir, «regalos a cambio de favores».
Al hablar del grupo Báez, el requerimiento sostiene: «Dentro de este sofisticado entramado societario, quienes participaron del esquema de reciclaje fueron las firmas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, las cuales se encargaron de canalizar de manera directa fondos ilícitos provenientes de la defraudación al Estado hacia la empresa Los Sauces bajo el ropaje de legalidad que le otorgaba la actividad inmobiliaria, alquilando propiedades que no resultaban de utilidad para la empresa y/o que se encontraban a un precio por encima del valor de mercado».
Además, se mencionan dos viviendas a nombre de la sociedad que la familia usaba sin pagar alquiler. Una es la casa de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos, donde vive Cristina Kirchner. Los Sauces la compró en US$250.000 a una empresa de Sanfelice, que la había comprado un año antes por unos US$52.000. La otra es el departamento de la calle San José 1111, en Buenos Aires, donde vivía Florencia Kirchner y ahora su madre cumple prisión domiciliaria. Se compró en 2015 en US$370.000, que se pagaron con cuatro certificados en dólares a nombre de otras personas. Para esa compra, cinco empleados del Banco Nación de Río Gallegos registraron un depósito de $4 millones como «en efectivo», sin anotar quién lo hacía, aunque el dinero había salido de una cuenta de Cristina Kirchner y sus hijos.
Los fiscales agregaron que «es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente (esto es la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública) hasta que el dinero fue colocado en la sociedad de la familia Kirchner por el alquiler de departamentos».