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Política

Juicio por el femicidio de Érika Álvarez: testimonios de sus hermanas mencionan vínculos con presuntos narcotraficantes

noviembre 2, 2026
Sala de audiencias del juicio por el femicidio de Érika Álvarez en Tucumán

En la causa que investiga la muerte de Érika Antonella Álvarez, sus hermanas declararon sobre relaciones de la víctima con personas señaladas en causas por narcotráfico y sobre reuniones sociales con políticos y policías.

El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez incorporó nuevos testimonios sobre las relaciones que la víctima habría mantenido con personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. Sus hermanas declararon que la joven frecuentaba a hombres relacionados con la comercialización de estupefacientes, entre ellos Felipe Sosa, acusado por el crimen, y un individuo identificado como Carlos, que habría participado de reuniones con políticos y efectivos policiales.

Las declaraciones de Maira y Milena Álvarez permitieron reconstruir aspectos de la vida personal de la víctima y sus vínculos con personas que, según los relatos familiares, se desenvolvían en ambientes relacionados con el tráfico de drogas. Las referencias surgidas durante las audiencias no implican que se haya acreditado una conexión entre esas actividades y el homicidio investigado.

Uno de los nombres que apareció reiteradamente en el expediente fue el de Carlos «El Mayor» Ferreyra, un ciudadano paraguayo investigado y procesado en causas relacionadas con el traslado de importantes cargamentos de estupefacientes desde Paraguay hacia la Argentina.

Maira Álvarez explicó ante el tribunal que su hermana habría iniciado una relación sentimental con un hombre llamado Carlos entre 2021 y 2022, vínculo que se habría prolongado durante varios años.

La testigo relató que lo conoció personalmente en 2024, cuando el hombre invitó a la familia a almorzar en una vivienda de El Cadillal con motivo del cumpleaños de Érika. Según su descripción, se trataba de una persona de apariencia sencilla, que durante aquel encuentro conversó sobre cuestiones cotidianas, como gastronomía y música, sin despertar sospechas entre los presentes.

Sin embargo, Maira aseguró que su hermana le había contado que Carlos se dedicaba a la venta de drogas y que utilizaba distintas identidades. En una oportunidad, según declaró, Érika le envió una fotografía de varios documentos que había encontrado y le señaló que uno de ellos identificaba al hombre como Carlos Da Rocha. También le comentó que supuestamente se sometía a intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia.

Esta referencia abrió una controversia entre las partes del juicio. Los defensores de Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, plantearon que el individuo mencionado podría ser Luiz Carlos Cabeza Blanca da Rocha, un conocido narcotraficante brasileño apodado el Pablo Escobar de Brasil. No obstante, el fiscal Pedro Gallo constató que Da Rocha permanece detenido en una prisión de máxima seguridad de Brasil desde 2017, circunstancia que plantea serias dificultades para identificarlo con el hombre que, según la testigo, estuvo en Tucumán durante 2024.

Investigadores consultados sobre esa posible vinculación señalaron que el narcotraficante brasileño había recurrido a cirugías para alterar sus rasgos físicos y evitar su captura. También explicaron que otros integrantes de organizaciones criminales utilizaban su identidad o se presentaban con nombres similares para obtener reconocimiento dentro del ambiente delictivo.

Durante su declaración ante los jueces María Valeria Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira, Maira Álvarez aportó otros detalles sobre la relación que su hermana mantenía con Carlos. Aseguró que Érika había participado en reuniones sociales organizadas por ese hombre, a las que, según le contaba, asistían políticos y policías. La testigo aclaró que su hermana describía esos encuentros como reuniones entre amigos y que no le había mencionado conversaciones explícitas sobre operaciones de narcotráfico. Sin embargo, sostuvo que Érika sospechaba que los participantes ocultaban información y que ella misma interpretaba determinadas situaciones como indicios de actividades ilícitas.

Maira también declaró que Carlos llevaba a la joven a reuniones relacionadas con negocios y que la presentaba públicamente como su pareja. Según su testimonio, Érika opinaba sobre las personas con las que el hombre pretendía realizar acuerdos comerciales y, cuando desconfiaba de alguien, le aconsejaba evitar esas operaciones. La testigo afirmó que Carlos solía escuchar sus advertencias.

La relación de la víctima con Felipe Sosa también ocupó parte de las declaraciones. Milena Álvarez, otra de las hermanas, reconoció que Érika mantenía vínculos con hombres que le proporcionaban sustancias para consumir durante encuentros privados. Entre esas personas identificó al principal acusado del femicidio. La testigo manifestó que su hermana había conocido a Sosa aproximadamente tres años antes y que lo describía como un hombre con importantes recursos económicos. De acuerdo con su relato, Érika le había contado que el imputado organizaba fiestas de música electrónica en las que presuntamente comercializaba éxtasis. También aseguró que su hermana lo relacionaba con actividades de narcotráfico y mencionaba que poseía numerosas camionetas y tractores.

Milena agregó que, según las conversaciones que mantenía con la víctima, en los encuentros a los que concurrían participaban personas influyentes. Incluso recordó que Érika le había relatado un episodio en el que supuestamente llegó al lugar una camioneta cargada con drogas.

Estas afirmaciones fueron incorporadas al debate como parte de los testimonios familiares, aunque su contenido deberá ser evaluado junto con el resto de las pruebas y no constituye, por sí solo, una acreditación judicial de los hechos mencionados.

La aparición de nombres vinculados con investigaciones por narcotráfico y las referencias a presuntos encuentros con funcionarios políticos y policías ampliaron los interrogantes sobre el entorno que frecuentaba la víctima. Sin embargo, el proceso judicial tiene como cuestión central determinar las circunstancias de la muerte de Érika Álvarez y establecer la eventual responsabilidad penal de Sosa. El tribunal deberá valorar si estos testimonios aportan elementos relevantes para reconstruir los acontecimientos investigados o si describen relaciones personales y actividades que no tuvieron una vinculación directa con el femicidio.