El Gobierno de Tucumán dispuso extender los controles terrestres contra el narcotráfico a rutas provinciales y caminos secundarios, mientras aguarda una respuesta nacional sobre la revisión del sistema de radares.
El Gobierno de Tucumán prepara una ampliación del Operativo Lapacho con el objetivo de intensificar los controles contra el narcotráfico. La medida incluye la realización de controles sorpresivos en rutas provinciales y la incorporación de unidades policiales especializadas, según informaron fuentes del área de Seguridad.
La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo se produce en un contexto de cuestionamientos por las deficiencias en la vigilancia del espacio aéreo y la falta de avances de la Nación en la revisión del sistema de radares. Las autoridades provinciales señalaron su preocupación ante la posibilidad de que organizaciones criminales utilicen aeronaves para transportar drogas.
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, afirmó que Tucumán solicitó formalmente al Gobierno nacional que evaluara las condiciones del sistema de radarización, pero sostuvo que hasta el momento no hubo respuestas concretas. El funcionario recordó que la vigilancia del espacio aéreo corresponde a las autoridades nacionales, aunque remarcó que la Provincia puede colaborar mediante el fortalecimiento de los controles terrestres y el trabajo de inteligencia policial.
En ese contexto, Dib defendió los resultados del Operativo Lapacho y afirmó que Tucumán fue la única provincia del Noroeste Argentino que consiguió mantener los niveles de incautación de cocaína, además de registrar un incremento considerable en los secuestros de marihuana. Según explicó, esos resultados fueron consecuencia de la presencia policial en puntos estratégicos y de la adaptación permanente de los dispositivos de vigilancia frente a los cambios en las modalidades utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
El funcionario advirtió que los grupos criminales estudian los procedimientos de seguridad y buscan rutas alternativas para evitar los controles, por lo que consideró indispensable modificar periódicamente los operativos. La nueva estrategia provincial contempla ampliar la vigilancia más allá de los principales accesos a Tucumán y de las rutas que conectan con otras jurisdicciones.
Fuentes del área de Seguridad confirmaron que Jaldo ordenó incorporar a la Dirección General de Drogas Peligrosas y a unidades especiales, entre ellas el Grupo Cero, para realizar procedimientos sorpresivos en distintos puntos del territorio. La intención es extender los controles a caminos secundarios y rutas provinciales que no necesariamente desembocan en los límites interprovinciales, con el objetivo de detectar posibles desplazamientos de cargamentos de drogas dentro de Tucumán. La medida apunta a complementar los puestos de vigilancia existentes mediante operativos móviles que permitan modificar los lugares y horarios de inspección.
Dib sostuvo que el propósito es anticiparse a las maniobras de las organizaciones criminales, en lugar de limitar la intervención policial a los procedimientos habituales. El gobernador anunciaría próximamente las modificaciones del Operativo Lapacho y volvería a convocar a los mandatarios de otras provincias del NOA para que participen de una estrategia regional de prevención y control del narcotráfico. La coordinación entre jurisdicciones es considerada un aspecto importante debido a que las redes de tráfico suelen utilizar recorridos que atraviesan diferentes provincias antes de llegar a los centros de distribución.
Por su parte, el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que se están introduciendo cambios permanentes en los puestos de control y destacó una mayor articulación con las fuerzas federales. Según explicó, esa coordinación permitió ampliar las áreas bajo vigilancia y mejorar el despliegue de los recursos disponibles. Girvau anticipó que los resultados de la nueva modalidad podrían comenzar a observarse próximamente, aunque reconoció que los esfuerzos policiales necesitan acompañamiento tecnológico. En particular, consideró indispensable contar con un sistema de radarización más eficiente para detectar movimientos aéreos sospechosos y fortalecer la capacidad de respuesta frente al eventual ingreso de aeronaves utilizadas para transportar estupefacientes.
La necesidad de mejorar el control del espacio aéreo también fue planteada desde la oposición legislativa. El legislador José Cano reconoció la importancia de las medidas provinciales ante lo que calificó como una falta de respuesta del Gobierno nacional, pero advirtió que todavía existen herramientas pendientes de implementación. En ese sentido, recordó que la Legislatura sancionó una ley destinada a fortalecer la vigilancia aérea, impulsada por Gerónimo Vargas Aignasse, aunque señaló que la norma continúa sin reglamentarse. Cano aclaró que no había acompañado aquella iniciativa, pero consideró necesario avanzar en medidas concretas para conocer y controlar la infraestructura aeronáutica existente en Tucumán.
Entre sus propuestas mencionó la elaboración de un relevamiento geolocalizado de todas las pistas de aterrizaje de la provincia, acompañado por tareas de inteligencia criminal que permitan detectar posibles actividades ilegales. El legislador sostuvo que la identificación de esos lugares constituye un paso necesario para establecer mecanismos de vigilancia y prevenir su eventual utilización por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
De esta manera, el debate sobre la seguridad provincial quedó concentrado en dos aspectos complementarios: el fortalecimiento de los controles terrestres, que el Gobierno tucumano busca ampliar mediante el Operativo Lapacho, y la necesidad de mejorar la vigilancia aérea, cuya responsabilidad principal corresponde a la Nación. Mientras se aguarda el anuncio oficial de las nuevas medidas, las autoridades provinciales avanzan en la reorganización de los dispositivos policiales y reclaman mayor inversión tecnológica para enfrentar las modalidades de transporte de drogas que podrían estar utilizando las organizaciones criminales en el Noroeste Argentino.