El programa, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en París, establece un aporte único al Tesoro de 350.000 dólares o la suscripción de títulos públicos por 800.000 dólares. Legisladores opositores presentaron un proyecto de ley para derogar la causal de naturalización por inversión relevante y disolver la agencia creada por el DNU 366/2025.
El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha del «Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina», que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte único y no reembolsable al Tesoro Nacional de 350.000 dólares o la suscripción de un título público por 800.000 dólares. El anuncio fue realizado el martes desde París, en el marco de la Argentina Week, por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Según el comunicado oficial, el programa estará operativo para recibir solicitudes a partir del cuarto trimestre de 2026. También podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal. Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán hacerlo con un aporte de 100.000 dólares, y los menores de 18 años con 25.000 dólares. Un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía por un total de 500.000 dólares.
El texto oficial indica que «todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera». Agrega que «los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina». La evaluación de las solicitudes será liderada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirá la intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
La oposición cuestionó el programa. La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, declaró: «Es escandaloso que nuestra ciudadanía valga 350 mil dólares, que no se requiera inversión alguna, ni residencia en nuestro territorio». Carignano sostuvo que «otros países que venden su ciudadanía son San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru».
Los legisladores y exministros del peronismo Agustín Rossi y Kelly Olmos presentaron un proyecto de Ley de Prohibición de la Venta de la Ciudadanía Argentina. El texto propone derogar la causal de naturalización por «inversión relevante» y disolver la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, ambas creadas por el DNU N° 366/2025; prohibir expresamente que cualquier pago, aporte, donación o compra de títulos sustituya la residencia que exige la Constitución Nacional; y solicitar la remisión de información al Congreso de la Nación Argentina.
El DNU 366/2025 señala que serán ciudadanos por naturalización «los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país» y agrega que «el Ministerio de Economía establecerá qué inversiones serán consideradas relevantes, pudiendo establecer proyectos específicos de inversión a tal efecto». Algunos opositores reconocieron que no presentaron reclamos en ese entonces porque la redacción planteaba una «inversión relevante» y esperaban que se especifique.
La oposición también señala que el programa es una forma de eludir las restricciones de la Ley de Tierras, que impone límites a la venta de tierras a extranjeros. Rossi afirmó: «Una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas». Y agregó que «Milei lo hizo, a pedido de los ‘popes de la industria tecnológica'» y que «la ciudadanía no puede tener precio» porque «también es una cuestión de soberanía» y «no un producto que se vende».
La discusión se da en medio de la disputa por la Ley de Tierras en el Congreso. La oposición pidió una sesión para el 15 de octubre con el fin de derogar el mega DNU 70/2023 de Milei que derogó la norma que fija límites a la venta de tierras a extranjeros.
Desde el oficialismo aseguraron que en la reglamentación se especificará cuáles serán las residencias válidas para acceder a la solicitud de la ciudadanía dentro de las tipificadas (transitoria, temporaria, permanente), que «no es una compra, sino una inversión para solicitar la ciudadanía» y que no garantiza su obtención. «Después de un proceso exhaustivo de evaluación, en el que se tienen que dar cuenta del origen de los fondos y otros controles, se decide si se otorga, o no», aclararon.