La Casa Rosada abrió procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías en septiembre, pero aún no confirmó resoluciones definitivas. Las diferencias por el Consejo de Seguridad Nacional y las observaciones de Estados Unidos condicionan el calendario legislativo.
El Gobierno nacional demora la aplicación de nuevas sanciones contra empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas, en tanto persisten las diferencias internas por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Casa Rosada abrió procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías en septiembre, pero todavía no confirmó resoluciones definitivas para esos expedientes. En el Ejecutivo sostienen que la iniciativa legislativa continúa siendo una prioridad del presidente Javier Milei, aunque reconocen discrepancias sobre el alcance del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
Las actuaciones anunciadas se encuentran bajo la órbita de la Cancillería, que trabaja de manera reservada con la Secretaría Legal y Técnica. «Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica», expresaron fuentes de Nación al ser consultadas sobre la posibilidad de aplicar penalidades antes de la aprobación de la nueva ley. En otros despachos oficiales evitaron precisar cuándo se firmarán las primeras resoluciones sancionatorias.
Los anuncios realizados hasta el momento corresponden a la apertura de procedimientos y no a la imposición efectiva de nuevas penalidades. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había iniciado actuaciones contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después incorporó a otros 15 sujetos, entre empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
La legislación vigente permite inhabilitar durante un período de cinco a veinte años a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina o participen de operaciones prohibidas. El procedimiento requiere determinar previamente la responsabilidad de cada involucrado. El Gobierno también cuenta con antecedentes de sanciones anteriores contra empresas petroleras, pero los nuevos expedientes anunciados en septiembre todavía no se tradujeron en una nómina confirmada de penalidades definitivas.
El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, incorporó herramientas para acelerar esas investigaciones. La norma designó a Cancillería como autoridad de aplicación, estableció un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten sus descargos y reforzó la coordinación entre organismos estatales. También sumó controles vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que exige verificar el cumplimiento de la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
La Casa Rosada pretende ampliar esas facultades mediante la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada a Diputados el 17 de septiembre. El proyecto busca reemplazar la normativa vigente por un régimen que alcance la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, además de endurecer las sanciones contra las empresas directamente involucradas, sus accionistas y proveedores. También contempla restricciones comerciales y mecanismos para promover el abandono de las actividades cuestionadas.
«No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas», sostuvo otro funcionario del Ejecutivo.
La fuente aseguró además que la intención oficial es avanzar con el proyecto pese a los desacuerdos parlamentarios. En Nación consideran que las modificaciones legislativas permitirían ampliar el alcance de las medidas más allá de la actividad petrolera.
La demora de la ley responde principalmente a las diferencias sobre el Consejo de Seguridad Nacional que Milei pretende crear para coordinar las políticas de defensa, inteligencia y relaciones exteriores. El proyecto establece que el organismo estará presidido por el jefe de Estado y contará con representantes de la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica. Los bloques aliados reclaman incorporar mecanismos de intervención parlamentaria y revisar parte de sus atribuciones.
La principal disputa se concentra en la posibilidad de sumar representantes de Diputados y del Senado al organismo, además de establecer controles legislativos sobre sus decisiones. La Secretaría Legal y Técnica presentó alternativas durante las negociaciones, pero las últimas modificaciones no consiguieron el respaldo necesario. En sectores del oficialismo consideran que una comisión bicameral de seguimiento resulta insuficiente si el Congreso no cuenta con facultades para intervenir en determinadas actuaciones.
«Deberían ceder con lo del Consejo de Seguridad y aceptar lo que proponen de sumar a Diputados y Senado», aseguró a TN un funcionario involucrado en las conversaciones. La fuente explicó que una de las principales preocupaciones del Ejecutivo es preservar la libre disponibilidad de recursos ante situaciones que requieran una respuesta inmediata del Estado. «Así como está no sale. Las últimas modificaciones se las rechazaron», advirtió.
En otros sectores de la Casa Rosada rechazan que las diferencias internas puedan terminar bloqueando definitivamente el proyecto. Funcionarios cercanos a la discusión aseguran que la reforma forma parte de una agenda estratégica que Milei busca sostener en coordinación con Estados Unidos, aunque esa relación también obliga a revisar el alcance de las penalidades.
«Es parte de una agenda con USA que no pueden frenar. Milei no lo va a permitir», sostuvo una fuente oficial, que remarcó la importancia que el Presidente asigna a la creación del Consejo.
La controversia también alcanzó a Washington por la posibilidad de que las sanciones afecten a compañías y fondos de inversión estadounidenses con participaciones indirectas en proyectos vinculados con Malvinas. El vicesecretario de Estado Christopher Landau reconoció el jueves que su administración sigue con atención los intereses de sus empresas, aunque aclaró que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino. En la Casa Rosada descartan avanzar contra grandes fondos financieros si una medida de esa naturaleza compromete la relación bilateral.
Milei recibió el viernes a Landau en la Casa Rosada, después de una serie de encuentros entre funcionarios de ambos países para profundizar la cooperación económica y de seguridad. El canciller Pablo Quirno defendió públicamente la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente no ofrece todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos. El Gobierno rechaza que las observaciones estadounidenses impliquen una exigencia formal para retirar el proyecto, pero mantiene abiertas las negociaciones sobre su redacción.
En paralelo, la Argentina avanzó con una presentación internacional contra la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El 13 de octubre solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar actividades en el Atlántico Sur. El organismo, con sede en Hamburgo, fijó audiencias para el 10 y el 11 de noviembre, en las que se escucharán los argumentos argentinos y británicos. La presentación constituye una vía jurídica independiente de los procedimientos administrativos contra las empresas.
El próximo paso del Gobierno será definir si consigue destrabar la negociación parlamentaria y cuándo avanzará con las resoluciones sancionatorias iniciadas en septiembre. En Balcarce 50 aseguran que Milei mantiene la decisión de impulsar la ley completa y rechazan separar las penalidades vinculadas con Malvinas de los capítulos de seguridad nacional. Sin embargo, las diferencias por el Consejo, las observaciones de Estados Unidos y la falta de acuerdos en Diputados mantienen abierto el calendario de tratamiento, mientras Cancillería continúa con las actuaciones administrativas.