La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán derivó en la salida de una trabajadora del Poder Legislativo tras versiones sobre su vínculo con uno de los detenidos. El vicegobernador Miguel Acevedo habría ordenado la medida.
La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán sumó un nuevo capítulo con derivaciones políticas. Según fuentes vinculadas al caso, el vicegobernador Miguel Acevedo ordenó cortar la relación laboral de una empleada de la Legislatura tras conocerse versiones sobre su vínculo con uno de los detenidos en la causa.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Acevedo convocó a una legisladora opositora para consultarle si era cierta la información que circulaba sobre el supuesto vínculo entre la trabajadora y un sospechoso detenido. Tras recibir una respuesta afirmativa, el vicegobernador pidió que se pusiera fin a la relación de trabajo de la mujer con la Legislatura.
La reacción política incluyó una advertencia del titular del Poder Legislativo a los legisladores: no estaba dispuesto a permitir que la institución quedara asociada a una investigación de semejante gravedad. La mujer no figura en el expediente judicial ni pesa sobre ella ninguna vinculación formal con la causa.
Este es el segundo nexo político que surge alrededor del expediente. El primero quedó expuesto cuando se confirmó que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular (MUP).
La causa por el cargamento de cocaína continúa expandiendo sus efectos más allá de los tribunales y de las detenciones ya concretadas, alcanzando ahora a la Legislatura tucumana.