La sesión convocada para este martes en la Cámara de Diputados no pudo abrirse por falta de quórum. Se necesitaban 129 legisladores y se presentaron 126. Los ausentes fueron diputados de Provincias Unidas y del MID.
La Cámara de Diputados no pudo iniciar este martes la sesión convocada para tratar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, había citado a los legisladores para las 12, pero solo se presentaron 126 de los 129 necesarios para abrir el debate.
Los principales cuestionamientos al proyecto se centraban en los artículos que introducen modificaciones penales vinculadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.
Horas antes, el Gobierno había asegurado tener los votos para aprobar en general la Ley Malvinas y esperaba que Unión por la Patria acompañara una parte de la iniciativa. En la Casa Rosada confiaban en obtener la media sanción después de introducir nuevas modificaciones al texto, aunque reconocían que persistían diferencias sobre el organismo que coordinaría las políticas estratégicas y las sanciones por injerencia extranjera.
La planificación oficial contemplaba una sesión de 13 horas. Los diputados de Provincias Unidas y del MID no estuvieron presentes y forzaron la caída del debate.
En el recinto, la diputada Gisela Scaglia y otros legisladores de Provincias Unidas permanecieron de pie sin sentarse mientras Menem intentaba reunir el número necesario para comenzar la sesión. Desde el oficialismo afirmaron que contaban con esos legisladores para abrir el debate. La decisión del bloque frustró las previsiones del Gobierno, que hasta pocas horas antes consideraba asegurados los acuerdos parlamentarios.
El bloque provincial confirmó que su decisión estuvo relacionada con dos reclamos sin resolver: biocombustibles y el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas pretende que avance el proyecto que modifica el régimen de mezcla obligatoria de combustibles y exige que se respete su representación en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. Ambas discusiones involucran especialmente a los sectores alineados con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
En el plano judicial, Provincias Unidas, que cuenta con 18 diputados, busca que Juan Brugge ocupe el lugar correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El bloque rechaza la posibilidad de que el oficialismo acuerde con el PRO la designación de Florencia De Sensi, porque considera que sus 12 integrantes no le otorgan al macrismo prioridad para reclamar esa representación. El conflicto se profundizó en coincidencia con el recambio de autoridades del organismo.
La caída de la convocatoria también afecta una iniciativa considerada estratégica por el entorno presidencial. El Gobierno quería acelerar la aprobación de la Ley Malvinas antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto tentativamente para el 28 de noviembre. La iniciativa contempla nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y disposiciones sobre infraestructura crítica, inversiones extranjeras y seguridad nacional. El proyecto ya había sufrido modificaciones para conseguir el respaldo de los aliados.
El temario de la sesión también incluía los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la enmienda al Protocolo de Montevideo.