La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó al Ministerio de Justicia argentino que no remitirá los registros solicitados en la investigación por presunto fraude con el criptoactivo $LIBRA, al considerar que la información aportada fue insuficiente para demostrar la comisión de un delito.
La Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al Gobierno argentino que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina en el marco de la investigación por presunto fraude en torno al criptoactivo $LIBRA. La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 28 de septiembre pasado en Washington, firmada por la fiscal Mari Aponte, y que fue remitida al Ministerio de Justicia argentino para su presentación ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa en los tribunales de Comodoro Py.
Según el texto de la misiva, «dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto». La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y fue recibida por el Departamento de Justicia el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a «registros de suscriptor» para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo impulsado por el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Javier Milei, quien publicó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
De acuerdo con la respuesta oficial, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. La respuesta final fue negativa.
«Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito».
El documento añade que «deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas». El texto no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
Como pauta general, el Departamento de Justicia sostuvo que «los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados» y que «las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades».
La carta se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido. En febrero de 2025, funcionarios de esa sección recibieron al menos un «reporte de operaciones criminales» en los días posteriores al colapso de $LIBRA, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora.
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA, y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan. Rochon admitió los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin «Ben» Chow y por Dynamic Labs, y rechazó el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia.
La jueza concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un «patrón» de actividad ilícita bajo esa legislación. En su resolución, Rochon mencionó 18 veces a Milei y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía «control» sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, «y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera».
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. «En respuesta a su anuncio, el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron», señaló la magistrada.