El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán realiza este miércoles 14 de octubre, a las 10, una reunión de trabajo para determinar cuántos edificios habitados de la ciudad carecen del certificado de finalización de obra y evaluar las medidas municipales de control.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán realiza este miércoles 14 de octubre, a las 10, una reunión de trabajo para determinar cuántos edificios habitados de la ciudad carecen del certificado de finalización de obra. También se evaluará qué medidas adoptó el municipio para controlar esa situación. Participarán concejales y funcionarios de las áreas de control y planificación urbana.
Dos comisiones, un mismo tema
El encuentro reúne a las comisiones de Obras Públicas y Estética, presidida por Facundo Vargas Aignasse, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, a cargo de Federico Romano Norri.
Los ediles buscan información actualizada sobre los inmuebles en situación irregular, las inspecciones realizadas hasta el momento y los posibles mecanismos para que los propietarios puedan completar los trámites pendientes.
El origen de la convocatoria
La reunión responde a la Resolución N.º 5.067/26, aprobada en agosto, que requirió datos sobre los edificios incluidos en un relevamiento municipal de 2018 y sobre aquellos que aún tienen trámites pendientes vinculados al final de obra o a la habitabilidad.
La iniciativa nació de un proyecto de los concejales radicales Gustavo Cobos y José María Canelada, quienes habían propuesto una auditoría sobre los edificios habitados que no cumplen con la normativa. El tema ganó impulso tras la explosión en un inmueble de Monteagudo al 120, que, según la información difundida, no tenía todas las habilitaciones necesarias.
Cobos explicó que, para lograr un acuerdo entre los bloques, el pedido de auditoría se reemplazó por esta reunión con las áreas municipales involucradas. “Queremos saber qué se está haciendo en cada uno de esos edificios en relación a las condiciones de seguridad”, afirmó. El concejal agregó que es fundamental establecer cuántos inmuebles están habitados sin la documentación correspondiente, qué inspecciones se hicieron y con qué herramientas cuenta el municipio para exigir su regularización.
Qué se revisará
Uno de los ejes será analizar la información disponible sobre los edificios con irregularidades administrativas o técnicas. Los concejales quieren saber qué pasó con los inmuebles detectados en 2018, cuáles regularizaron su situación y cuáles mantienen trámites pendientes. También procurarán conocer si hubo nuevas inspecciones y qué se resolvió ante los incumplimientos detectados.
Cabe aclarar que la ausencia del certificado de final de obra no implica, necesariamente, que un edificio sea inseguro. Significa que aún no se acreditó de manera formal el cumplimiento de ciertos requisitos administrativos y técnicos que exige la normativa municipal. Por eso, los ediles consideran necesario un diagnóstico actualizado que permita distinguir cada situación y definir qué corresponde en cada caso.
La propuesta de un régimen excepcional
Romano Norri sostuvo que la prioridad debe ser hallar soluciones para quienes viven hoy en edificios que no completaron los trámites. “Queremos tener un relevamiento de todos los que están en infracción”, afirmó.
El concejal planteó además la posibilidad de crear un régimen excepcional de regularización, que permita estudiar cada inmueble por separado y fijar plazos para corregir los incumplimientos. La idea es contemplar las particularidades de cada edificio sin dejar de lado las exigencias de seguridad y habitabilidad.
Los concejales coincidieron en que es indispensable conocer el estado actual de los controles municipales antes de avanzar con eventuales cambios normativos. La reunión de este miércoles apunta a dimensionar el problema y definir posibles salidas para los edificios habitados que aún no tienen su final de obra en la capital tucumana.