La CGT y la Iglesia se oponen al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que elimina restricciones para la compra de tierras a extranjeros. El oficialismo busca aprobarlo el 16 de julio tras tres suspensiones.
La CGT y la Iglesia suman presión contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que elimina las restricciones para la compra de tierras a extranjeros. Señalan que atenta contra la soberanía argentina. Mientras, el oficialismo, después de tres intentos fallidos, continúa negociando modificaciones para aprobar el proyecto en la próxima sesión. El miércoles habrá una reunión clave.
“Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica”, afirmó la CGT en comunicados publicados esta semana.
Concretamente, hacen hincapié en el capítulo que modifica la Ley de Tierras y elimina la prohibición para que extranjeros puedan comprar hasta un 15% de las tierras rurales en todo el territorio nacional. En la norma actual, ese porcentaje se aplica también sobre el territorio de cada provincia y municipio.
“En un mundo en el que la riqueza se concentra cada vez más en manos de unos pocos tecnomagnates -algunos de ellos con estrechos vínculos con la Casa Rosada y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires-, eliminar esa restricción significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua. De todo aquello que posee la Argentina”, sostuvo el documento en alusión al empresario Peter Thiel.
También señalaron el caso del empresario británico Joe Lewis: “Hoy los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”.
La CGT cerró el texto con un mensaje directo para los legisladores: “A pocos días de conmemorarse el Día de la Independencia, hacemos un llamado urgente a las senadoras y los senadores nacionales que deberán decidir sobre una cuestión de enorme trascendencia histórica porque la Argentina no se vende”.
El texto coincide con el que difundió días atrás la Iglesia. “Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, declaró el documento firmado por la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
También protestan por otros puntos del proyecto, como el que modifica la Ley de Manejo al Fuego. “También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”.
El proyecto elimina el punto que prohibía por el término de 30 años desde la extinción del fuego realizar emprendimientos inmobiliarios o la modificación de uso de la superficie.
“Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles (…) para proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros. La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, cerraron antes de pedir a los senadores que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.
Proyecto frenado
El texto obtuvo dictamen con modificaciones en mayo, pero nunca llegó a votarse en el recinto. Ante la falta de garantías de votos, sumado a las complicaciones que trajo el caso Adorni, el oficialismo lo suspendió tres veces. Ahora quieren votarlo en la sesión del 16 de julio. El texto final todavía está en evaluación. Será clave la reunión de labor parlamentaria de este miércoles.
En el dictamen se le había dado más potestad a los gobernadores para decidir sobre la venta de tierras. Se eliminaron todos los límites, pero se estipuló que para adquirir tierras rurales debe mediar una solicitud expresa de la provincia donde se ubican las tierras, además de la autorización del Poder Ejecutivo Nacional.
Según el último borrador, el mismo procedimiento será tanto para empresas con capitales estatales como para casos de tierras en zonas de frontera. En el caso de compra de tierras por parte de estados extranjeros, se había fijado que la autorización pase por el Congreso, aunque algunos señalan que se buscará que directamente quede prohibido.
Tierras en manos extranjeras
Hasta ahora ninguna provincia supera el 15% de extranjerización. De acuerdo al Registro de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, actualizado a agosto de 2025, las provincias con mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros son Salta (11,3 %), Misiones (11,29 %) y San Juan (10,36 %). Sin embargo, más de 30 departamentos sí superan ese tope.
Un puñado de ellos lo superan en más del 50%: Campana, que tiene puerto, en Buenos Aires (50,27%); en La Rioja el distrito de General Lamadrid, ubicado cerca del Parque Nacional Talampaya (56,7%); el departamento de Lacar en Neuquén (54,17%); y en Salta los departamentos de San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%). Se estima que como la Ley de Tierras es de 2011, esos distritos ya estaban vendidos a extranjeros en más del 15% para ese entonces.