Una auditoría integral de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán detectó que 7.535 personas que figuraban como contratadas en 2023 no prestaban servicios efectivos, lo que llevó a su baja. El ex subsecretario de Gobierno, Alejandro Sangenis, vinculó los contratos con la campaña provincial de 2023.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó una auditoría integral sobre su planta de personal. Según informó la Dirección de Capital Humano, a cargo de María Lorena Radrizzani, la nómina actual asciende a 4.588 trabajadores, entre permanentes y contratados. Esto implica una reducción de 7.535 respecto de la nómina auditada en 2023.
Del total de empleados relevados originalmente, 6.848 tenían domicilio en la capital tucumana y 5.275 residían fuera del municipio. La auditoría reveló que 1.382 empleados residían en el departamento Cruz Alta, 949 en Tafí Viejo, cerca de 900 en Yerba Buena, 250 en Burruyacu, 180 en Tafí del Valle, 112 en Simoca y 78 en Chicligasta.
En El Chañar, comuna de Burruyacu con aproximadamente 2.500 habitantes, se registraron 168 personas que figuraban como empleadas municipales de la capital, lo que representa el 6,72% de su población total. En Colalao del Valle, de 964 censados en 2022, 68 figuraban como empleados municipales de la capital, equivalente al 7% de la población total.
El ex subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, afirmó que el incremento de contratos se vinculó con la estrategia política desplegada durante la campaña provincial de 2023. Según su declaración, el entonces intendente Germán Alfaro, candidato a vicegobernador, distribuyó contratos en distintas localidades con remuneraciones que oscilaban entre 18.000 y 50.000 pesos. Sostuvo que en numerosos casos los beneficiarios solo concurrían al municipio para firmar el contrato y retirar una tarjeta bancaria del Banco Macro, sin volver posteriormente a cumplir funciones.
El ex funcionario aseguró que la intendenta Rossana Chahla ordenó la auditoría integral para verificar la cantidad de contratados, las tareas que desarrollaban y el cumplimiento efectivo de sus funciones. Como consecuencia de esos controles, se dispuso la baja de quienes no trabajaban o no pudieron justificar sus actividades. Quienes sí cumplían tareas consideradas necesarias continuaron prestando servicios, con una recomposición salarial.
Sangenis también afirmó que una situación similar se produjo en Yerba Buena durante la gestión de Mariano Campero, a quien acusó de haber incorporado unos 800 contratos antes de las elecciones. Esa denuncia se encuentra bajo investigación judicial.
El actual diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, rechazó esas acusaciones. Aseguró que “todo eso es mentira” y sostuvo que la propia estructura municipal desmiente esos números. Explicó que la comuna cuenta actualmente con 949 empleados, incluidos funcionarios, de los cuales 795 corresponden a contratos de locación. Afirmó que esos trabajadores cumplen funciones en la Guardia Urbana Municipal, la escuela municipal, el Centro de Salud Carrillo, el Centro de Monitoreo y otras dependencias. Incluso declaró que Yerba Buena sería uno de los municipios con menor cantidad de empleados públicos por habitante en la provincia.
Las cifras difundidas por Campero guardan relación con los datos publicados por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Yerba Buena (Soemyb), que informa representar a cerca de 1.000 afiliados activos entre personal permanente y temporario. No obstante, Campero relativizó esos registros al sostener que la cantidad real sería inferior.
La comparación con otros municipios refleja diferencias. Según datos oficiales, Concepción cuenta con alrededor de 480 trabajadores distribuidos entre 267 empleados de planta permanente, 107 contratados y prestadores de servicios. Tafí Viejo registra aproximadamente 600 empleados formalizados.
En cuanto al acceso a la información pública, las nóminas de empleados de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo y Concepción solo pueden consultarse mediante solicitudes formales. Banda del Río Salí no ofrece actualmente un mecanismo para acceder a esos datos.
A nivel provincial, Tucumán cuenta con aproximadamente 130.000 empleados públicos, cifra que incluye a trabajadores de áreas esenciales como salud, educación y seguridad. La provincia registra 59,5 agentes estatales cada 1.000 habitantes, por encima del promedio nacional informado de 69,8 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.