Un grupo de 50 sindicatos presentará una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Reclaman la devolución de $688 mil millones correspondientes a las obras sociales, que el Gobierno mantiene retenidos, según indicaron fuentes sindicales.
Un conjunto de 50 sindicatos, nucleados en torno al Sindicato de Gastronómicos que lidera Luis Barrionuevo, presentará una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acción judicial busca la devolución de $688 mil millones que, según los gremios, el Gobierno retiene y corresponden a las obras sociales.
De ese total, $288 mil millones están depositados en un plazo fijo en el Banco Nación y corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), utilizado para pagar reintegros a las obras sociales. Los restantes $400 mil millones se encuentran en Fondos FIMA y se acumularon por una deuda que abonó OSDE ante su incumplimiento en los aportes generados por los adherentes voluntarios al sistema de obras sociales.
La decisión de recurrir a la Justicia se tomó anteayer en un encuentro que Barrionuevo mantuvo con gremios de su sector en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), al que se sumó la UOM Capital, que lidera Roberto Bonetti. La denuncia también cuenta con el aval del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que maneja OSECAC, la obra social más numerosa del país con 1.200.000 afiliados.
Un grupo de abogados está finalizando la redacción del escrito, en el que además de la devolución de los fondos retenidos por Economía, se reclamará al Gobierno que actualice el valor del nomenclador por el cual el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años. Según los sindicatos, esta situación hace que las obras sociales recuperen solo un 10% de lo que abonan en ese rubro.
El origen de los $288 mil millones que el Estado adeuda al sistema de obras sociales proviene de una partida adicional de casi $148 mil millones que el exministro de Economía Sergio Massa incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, a pedido de la CGT, destinada al financiamiento de prestaciones críticas como discapacidad en el sistema sindical de salud. Ese dinero fue restituido parcialmente desde entonces y su monto se incrementó porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.
Los $400 mil millones restantes provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, creado en 2016 y donde se destinaron los recursos del acuerdo de pago con OSDE. En septiembre de 2017 se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE por unos $8 mil millones, fondos que inicialmente se destinaron al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). En 2019, mediante el decreto 251, se trasladaron los fondos disponibles de ese acuerdo al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.
Desde entonces, con los fondos retenidos por el Estado y la conjunción de varios factores, se acentuó la crisis financiera de las obras sociales, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar recursos para mantener el sistema de salud, lo que a su vez complica el funcionamiento de los sindicatos.
En un intento por lograr una solución, la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. Según fuentes sindicales, el ministro sigue sin responder a las propuestas efectuadas para superar la crisis de las obras sociales, que expertos califican como «casi terminal».
Tras el último de esos encuentros, a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% del dinero del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad. Estas demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y representan unos $160 mil millones por mes, lo que deja poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, director de la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, declaró: «Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión».