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Economía

El Gobierno acelera el plan acordado con el FMI y anuncia medidas para impulsar el crédito y la construcción

agosto 15, 2026
Luis Caputo, ministro de Economía, durante un anuncio oficial

El Ejecutivo nacional puso en marcha esta semana la agenda de prioridades trazada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas incluyen la flexibilización de créditos en dólares para empresas y un plan para ampliar los créditos hipotecarios mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El Gobierno nacional comenzó esta semana a ejecutar la agenda de prioridades acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenible. Según informó TN, la hoja de ruta fue delineada durante la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a fines de julio.

En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo anunciaron medidas orientadas a trasladar los resultados macro y el crecimiento de sectores como agro, energía y minería a áreas rezagadas con impacto en el mercado interno. Entre las medidas anunciadas se encuentra la flexibilización de los créditos en dólares para empresas, que permitiría a los bancos una capacidad prestable de aproximadamente US$ 6.000 millones, dado que los depósitos en esa moneda superan levemente los US$ 40.000 millones.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que “el ahorro financia la inversión y esa es la única manera de crecer de manera sostenida, incrementando la productividad y los salarios reales”. Además, señaló que ese potencial prestable se multiplicaría si el Congreso aprueba los cambios a la ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de dólares no declarados. Furiase indicó que se estima que los argentinos tienen US$ 170.000 millones fuera del sistema financiero.

En materia de créditos hipotecarios, el Gobierno trabaja en un plan para utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La iniciativa consiste en que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos para que estos dispongan de liquidez y otorguen hipotecas. De esta manera, el Estado cubriría el bache de financiamiento que actualmente limita la oferta de préstamos para la compra de propiedades.