El convenio de transferencia de competencias fue aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo fuero laboral local contará con diez juzgados, una Cámara de Apelaciones con dos salas y un Código Procesal Laboral propio. Comenzará a funcionar el próximo año.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el convenio de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad. La medida fue aprobada y establece que el nuevo fuero laboral local estará integrado por diez juzgados, una Cámara de Apelaciones con dos salas y un Código Procesal Laboral propio.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 129, que establece que la Ciudad tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Sobre esa base constitucional se sustenta el traspaso del fuero laboral.
A partir de la transferencia, la Ciudad ejercerá la función judicial en materia laboral ordinaria, lo que incluye la resolución de conflictos individuales entre empleadores y trabajadores originados en el distrito.
El nuevo fuero funcionará con un esquema de “oficinas de gestión integrada”, que no dependerán de un juzgado específico sino que realizarán tareas determinadas de acuerdo con la etapa del proceso. Según se informó, este modelo de administración es diferente al que actualmente funciona en la órbita nacional.
El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con tecnología e infraestructura en comparación con otros distritos del país. La puesta en funcionamiento del fuero laboral local está prevista para el próximo año.
El ministro de Justicia, Gabino Tapia, tiene a su cargo la implementación de la transformación. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabeza la gestión que lleva adelante el traspaso.
El objetivo declarado del Gobierno de la Ciudad es garantizar una Justicia laboral con resoluciones en tiempos razonables. La implementación del nuevo fuero fue concebida para superar las demoras y dificultades que, según se indicó, afectan actualmente los procesos judiciales laborales.