El juez federal Guillermo Díaz Martínez debe resolver si procesa al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y a Federico Petraglia por presunta trata de personas. La causa investiga si Lourdes Parache fue utilizada para extorsionar a futbolistas de Vélez Sarsfield.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez debe resolver si procesa por presunta trata de personas al diputado nacional Carlos Cisneros, jefe de La Bancaria en Tucumán, a la abogada Patricia Neme y a Federico Petraglia, hombre de confianza del dirigente. La presunta víctima es Lourdes Parache, empleada de la Caja Popular de Ahorros que en marzo de 2024 denunció por abuso sexual a cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield tras una noche en el hotel Hilton. Los cuatro fueron sobreseídos y la Corte tucumana dejó firme el fallo.
Ahora, la Justicia Federal investiga si Parache fue captada y sometida por el entorno de Cisneros para impulsar una denuncia presuntamente fraguada, acompañada de una estrategia de presión económica, judicial y mediática contra los jugadores. Los tres investigados rechazan los cargos y ninguno fue procesado hasta el último estado judicial conocido.
Treinta y ocho pruebas e indicios, entre ellos mensajes y audios recuperados por peritos oficiales, reconstruyen una historia distinta de la que se contó en televisión. El sábado 2 de marzo de 2024, después del partido Atlético–Vélez, Parache fue al Hilton con los futbolistas. El lunes, de regreso en la Caja Popular, contó lo sucedido a su jefa, quien informó a su esposo, subinterventor de la institución. Desde allí la noticia llegó al diputado: «y ahí lo llamaron a Carlos y me llamó Fede», escribió la joven. A partir de ese momento, el entorno de Cisneros comenzó a intervenir en sus decisiones.
Petraglia hizo que buscara una constancia ginecológica «x si algún día quiero denunciar», pese a que ella le había dicho que no quería hacerlo, y gestionó las cámaras del hotel. El miércoles 6, nueve horas antes de presentar la denuncia, Parache hablaba de un acuerdo económico: «No les cago la carrera, que me den algo». También explicó por qué incluía a Sebastián Sosa, de quien había dicho que «ni me tocó»: «es el que más plata tiene». Seis días después, su amiga Rosario Molina escribió en el grupo una frase reveladora: «Los abogados q tiene la luli. Son de Cisneros».
Pero había un problema: un audio. Después de aquella noche, Parache había enviado a su amiga Milagros Castellote mensajes de voz en los que relataba lo sucedido entre risas y con expresiones que podían contradecir aspectos de su posterior denuncia. El 7 de marzo, Castellote temía que, si la Justicia escuchaba esos audios, «tildarían a Luli de mentirosa». Lo que la pericia reconstruyó después es una secuencia de intervenciones sobre el relato, las testigos y la prueba.
El 8 de marzo, Patricia Neme —funcionaria de la Caja y abogada del gremio de Cisneros— pidió públicamente «la pena máxima, 20 años» para los futbolistas. El 17, víspera de su declaración en Cámara Gesell, Parache escribió que sus abogados le habían «ordenado el relato» y señalado «donde ser dramática». Dos días después, con los jugadores detenidos, Fernando Burlando se incorporó a la ofensiva mediática como representante civil de la denunciante. Ante los medios nacionales anticipó que el futuro de los acusados sería «durísimo» y sostuvo que las lesiones de la joven descartaban que el encuentro hubiera sido consentido. Burlando no figura entre los tres imputados federales.
La intervención de Cisneros también alcanzó a una testigo que conservaba pruebas capaces de comprometer la denuncia. El 3 de abril, cuando la Fiscalía reclamaba los audios y conversaciones de Milagros Castellote, la joven contó a su padre, en un mensaje de voz recuperado por los peritos, que el diputado la había llamado personalmente: «Carlos hoy me llamó […] me dice yo te puse una abogada, que es la Patricia Neme». Era la misma profesional que representaba a Parache. Cinco días después, según relató Castellote, Neme tomó los teléfonos de ambas y eliminó mensajes «para que no salgan los audios». Ese mismo 8 de abril, las amigas hablaban de simular el robo del celular de Parache con «un empleado de cisneros» haciendo de ladrón. Y cuando TN difundió información de las pericias, la propia denunciante explicó para qué se había filtrado: «Fue de parte nuestra. Para callar lo de mi celular».
El informe técnico encontró, además, registros de mensajes eliminados en una conversación con Neme. Un juez provincial calificó otras comunicaciones de la abogada con las testigos como «instrucciones para el direccionamiento del proceso». Los dos teléfonos de Parache nunca fueron entregados a la Justicia provincial.
La red de abogados completa la trama. Cisneros reconoció ante la Justicia «la facilitación de abogados», mientras una testigo sostuvo que los profesionales de Parache «son de la Caja Popular, creo que es una orden de Cisneros». Juan Andrés Robles, abogado del diputado y de sus tres hijas, también representó a Parache y hoy defiende a los tres investigados por presunta trata. José César Díaz pasó de dirigir la Caja Popular —donde trabajaban Parache, Neme y Petraglia— a convertirse en abogado de la joven. Pedro Parra representa a Parache en la causa federal y a Petraglia en la provincial, y comparte con Díaz una estructura profesional en Lamadrid 383. Los poderes de Parache y de las hijas de Cisneros fueron otorgados el mismo día, mediante escrituras consecutivas, a los mismos abogados, ante una escribanía cuyo adscripto es hermano de Robles.
Durante la preparación del peritaje, la querella consiguió que el juzgado excluyera del diccionario de búsqueda palabras como «Pato», «abogada», «abogado», «caja» y «trabajo». La propia Lourdes Parache dejó por escrito algunas de las contradicciones más relevantes de esta historia. En diciembre de 2024 se quejó de que le propusieran «archivar la causa x plata». En junio de 2025 escribió que aceptaría un juicio abreviado si los futbolistas se declaraban culpables, «pero no por 50.000 dólares». Y en noviembre, distanciada ya de sus amigas de la infancia, describió su situación con palabras estremecedoras: se sentía «prisionera», «sin poder de decisión» y obligada a «cumplir órdenes sin preguntar ni chistar». Hoy niega ser víctima de trata.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz investiga si Parache fue captada por el entorno de Cisneros en la Caja Popular, explotada en esa relación laboral asimétrica y sometida mediante el control de su relato, la manipulación de las pruebas y la imposición de la estrategia mediático-judicial. El fiscal ya tomó las indagatorias de Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia entre el 28 y el 30 de septiembre. El juez federal n° 2 de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, debe resolver si los procesa penalmente.
La hipótesis de la fiscalía federal es que Lourdes Parache es víctima del aparato de extorsión y explotación que comanda Carlos Aníbal Cisneros. En la Justicia provincial, Parache fue denunciada por falso testimonio y estafa procesal por el futbolista José Ignacio Florentín Bobadilla (legajo S-077592/2025), y ningún tribunal definió todavía si es víctima o parte del entramado extorsivo. En ese legajo, el juez Bernardo Lerario Babot ordenó allanar siete domicilios el 30 de septiembre de 2025, entre ellos el estudio de Neme.
La pregunta que debe responder el juez Guillermo Díaz Martínez es quién decidía —o decide aún— por Lourdes Parache. La respuesta está repartida en 38 pruebas que apuntan a Cisneros y que ya están en los expedientes: chats y audios recuperados por el peritaje informático de los teléfonos de Milagros Castellote y Rosario Molina, testimoniales, sentencias, escrituras y registros públicos.
El juez Augusto José Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro futbolistas el 30 de diciembre de 2025 y, a pedido de sus defensas, mandó copia a la Justicia Federal. La Corte Suprema de Tucumán dejó firme el sobreseimiento el 11 de septiembre de 2026.
Los tres investigados niegan los cargos. El fiscal busca probar una explotación laboral entendida como sometimiento funcional del aparato cisnerista sobre Lourdes Parache. Cisneros responde que «la denominada ‘explotación funcional'» no puede funcionar como una categoría autónoma que amplíe el tipo penal. Para sostener la trata, el fiscal tendrá que demostrar una finalidad de servidumbre o servicios forzados. A su favor, la ley dice que «el consentimiento dado por la víctima» no exime de responsabilidad.
De las 38 pruebas, ocho nombran a Cisneros: «ahí lo llamaron a Carlos», «vamos a hablar con Cisneros», «la abogada le consigue él», «Son de Cisneros», «órdenes de arriba», «yo te puse una abogada», «lo de Cisneros», «un empleado de cisneros» y «una orden de Cisneros». Todas provienen de la denunciante o de testigos que relatan lo que él dijo o hizo.
El juez debía resolver en diez días desde la última indagatoria, del 30 de septiembre; el plazo es ordenatorio. Los fueros de Cisneros no impiden el procesamiento: la Ley 25.320 manda seguir «adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión».
Faltan piezas: quién propuso a Castellote en el Macro, cómo llegaron las imágenes del Hilton a la televisión, quién ofreció dinero el 4 de marzo y quién manipuló los dos teléfonos de la denunciante que nunca llegaron a la justicia provincial.
Lo que ya está en el expediente es una secuencia: «ahí lo llamaron a Carlos», «Fede pidió» las cámaras, «la abogada» iba a llamar a Vélez, «que me den algo», la denuncia, «Me ordenaron el relato», «yo te puse una abogada», los mensajes borrados «para que no salgan los audios», los teléfonos que nunca llegaron y una joven que terminó escribiendo que cumplía órdenes «sin preguntar ni chistar».
Las calificaciones penales pertenecen a las causas; todos los investigados gozan de la presunción de inocencia.