Paula Andrea Beltrán, asistente de enfermería colombiana residente en Nueva York, falleció durante una intervención en un centro de la Torre Médica El Tesoro. El caso expone los riesgos del turismo de cirugías plásticas en un mercado donde priman las ganancias sobre la vida de las pacientes.
Colombia se ha consolidado como un destino global para cirugías plásticas, pero detrás de ese boom turístico se esconde una realidad cruda: la falta de controles efectivos y la priorización del lucro sobre la seguridad de las personas. La muerte de Paula Andrea Beltrán, de 41 años, durante un procedimiento para extraer biopolímeros de sus glúteos en Medellín, es el trágico desenlace de un sistema que permite que intervenciones de alto riesgo se realicen en centros sin la debida habilitación.
Beltrán, asistente de enfermería que vivía en Nueva York, había pagado 38 millones de pesos colombianos por la cirugía. Según informó el diario El Colombiano, el procedimiento se realizó en un quirófano de la Torre Médica El Tesoro, en el exclusivo barrio de El Poblado. A los 70 minutos de iniciada la intervención, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación, falleció en el lugar.
Este no es un caso aislado. En febrero de 2026, Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, murió en otro centro estético de la misma ciudad. Y en Bogotá, Yulixa Toloza perdió la vida tras someterse a una reducción de medidas en un lugar sin permisos. Tres mujeres, tres muertes evitables, y un patrón que se repite: la ausencia de un control estatal riguroso sobre la industria estética.
La Seccional de Salud de Antioquia anunció una investigación para determinar si el médico y el centro cumplían con los requisitos legales. La Fiscalía también avanza en las indagaciones. Pero estas medidas llegan tarde para Paula, Carolina y Yulixa. Mientras tanto, el negocio de las cirugías plásticas sigue expandiéndose, alimentado por la presión estética y la falta de políticas públicas que protejan a quienes recurren a estos procedimientos.
El cuerpo de Beltrán fue trasladado a Medicina Legal para determinar la causa exacta de la muerte, aunque el informe inicial descartó patologías previas. El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de regular con urgencia un mercado donde la vida de las personas, en su mayoría mujeres, queda supeditada a los intereses económicos de centros y profesionales no siempre habilitados.
Desde Progreso Popular exigimos una investigación profunda y medidas concretas: auditorías a todos los centros de estética, protocolos obligatorios para cirugías de alto riesgo y penas ejemplares para quienes operen sin los permisos correspondientes. La vida de las personas no puede ser un costo más en la hoja de balance de la industria del turismo estético.