Durante la audiencia, testigos declararon sobre las actividades del acusado los días posteriores al crimen: retiro de $57 millones, limpieza profunda de su camioneta y compra de una motocicleta de alta gama. La defensa de Justina Gordillo, acusada de encubrimiento, cuestionó la hipótesis fiscal.
Tres testimonios incorporados al juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez comprometieron la situación de Felipe Sosa, acusado de asesinar a la joven, al revelar que durante los dos días posteriores al crimen retiró $57 millones de distintas entidades bancarias, llevó su camioneta a un lavadero para realizar una limpieza profunda y adquirió una motocicleta de alta gama con la que posteriormente viajó a Buenos Aires, donde fue detenido.
Las declaraciones reforzaron aspectos de la hipótesis de la Fiscalía sobre una presunta fuga, aunque también generaron interpretaciones contrapuestas sobre la responsabilidad de Justina Gordillo, ex pareja del imputado y acusada de encubrimiento.
Los cuatro testigos que comparecieron ante el tribunal aportaron información sobre los movimientos realizados por Sosa entre el 8 y el 9 de enero, después del asesinato de Álvarez. Tres de esas declaraciones fueron consideradas especialmente relevantes para reconstruir las actividades del acusado antes de abandonar Tucumán.
Uno de los testimonios centrales fue el de Patricio Graels, propietario de un lavadero ubicado en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena, quien confirmó que Sosa llevó una camioneta Volkswagen Amarok el 8 de enero y solicitó un servicio especial de limpieza interior.
El comerciante explicó que el acusado pagó $21.000 por un tratamiento premium, que incluía lavado, limpieza y aspirado exhaustivo de los asientos y habitáculos, a diferencia del servicio convencional, que contempla únicamente una aspiración general.
La declaración adquirió importancia porque los investigadores sostienen, a partir del análisis de cámaras de seguridad, que Sosa habría utilizado esa camioneta para trasladar el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue encontrado.
Según la hipótesis acusatoria, el cadáver habría sido transportado en el sector trasero del vehículo, precisamente una de las áreas comprendidas en el trabajo de limpieza solicitado por el imputado.
Otro elemento incorporado durante la audiencia estuvo relacionado con la adquisición de una motocicleta KTM, operación concretada el 9 de enero, un día antes de que Sosa emprendiera su viaje hacia Buenos Aires.
Juan Carlos Yácumo, empleado de la concesionaria donde se realizó la compra, declaró que el acusado había concurrido inicialmente para retirar una llave de una motocicleta que ya poseía. Durante esa visita, el propietario del comercio le ofreció cambiar el rodado por un modelo más reciente.
La operación se concretó mediante la entrega de la motocicleta anterior, un pago de $4 millones en efectivo y la firma de un documento por U$S 10.000, correspondiente al saldo pendiente y a la indumentaria especial que también adquirió.
Yácumo precisó que esa obligación económica fue cancelada posteriormente por el padre de Sosa, durante marzo.
El testigo confirmó además que, por pedido del comprador, la nueva motocicleta fue registrada a nombre de Justina Gordillo, quien actualmente enfrenta una acusación por encubrimiento en el mismo proceso.
Sin embargo, aclaró que resulta habitual que quienes adquieren motocicletas de alta gama las inscriban a nombre de sus parejas o de empresas de su propiedad.
Para la Fiscalía, la fecha de la operación y la compra de equipamiento específico para viajar constituyen circunstancias relevantes, ya que Sosa abandonó Tucumán al día siguiente.
El fiscal Pedro Gallo sostiene que ese desplazamiento tuvo como finalidad evitar la intervención de la Justicia. En ese contexto, la adquisición de la KTM y de la indumentaria podría respaldar la hipótesis de que el viaje había sido planificado.
La tercera declaración de importancia fue la del contador público Rodolfo Del Pino, perito del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), quien examinó los movimientos bancarios de Sosa y Gordillo entre el 7 y el 16 de enero.
El especialista informó que el 8 de enero, apenas un día después del crimen, el principal acusado realizó tres operaciones en diferentes bancos de Tucumán y retiró por ventanilla un total de $57 millones.
Los investigadores sospechan que ese dinero, procedente de las empresas vinculadas con Sosa, podría haber sido utilizado para financiar su salida de la provincia.
El análisis de las cuentas de Gordillo, en cambio, mostró una actividad financiera considerablemente menor.
Según Del Pino, durante el período investigado sólo se registraron dos movimientos en su cuenta sueldo, por un total de $910.000. El perito indicó que no recibió transferencias y que los ingresos detectados correspondieron exclusivamente a sus haberes como empleada del Poder Judicial.
Estos datos fueron utilizados por los abogados de Gordillo para cuestionar la hipótesis de que su defendida obtuvo un beneficio económico por las presuntas maniobras de encubrimiento.
Durante la audiencia también declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motocicletas usadas, quien relató que en julio de 2025 Gordillo lo había contactado para solicitar una tasación del vehículo que Sosa pretendía vender.
Vidal explicó que conocía a la acusada por su amistad de infancia con el exmarido de ella y aseguró que nunca había tenido conocimiento de que Gordillo fuera aficionada a las motocicletas o poseyera una.
Por el contrario, sostuvo que sabía que el rodado pertenecía a su nueva pareja.
Las declaraciones provocaron evaluaciones diferentes entre las partes que intervienen en el juicio.
María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Gordillo, consideraron que los testimonios fortalecieron su postura y permitieron establecer que las decisiones relacionadas con la camioneta, la motocicleta y los movimientos de dinero fueron adoptadas por Sosa.
Los abogados remarcaron que fue el principal acusado quien llevó la Amarok al lavadero y solicitó la limpieza especial, mientras que a Gordillo se le atribuye haber retirado posteriormente el vehículo.
A criterio de la defensa, esa circunstancia no resulta suficiente para demostrar que la mujer participó de una maniobra de encubrimiento.
También destacaron que el análisis bancario no detectó extracciones millonarias ni transferencias provenientes de las empresas de Sosa hacia la cuenta de su representada, incluso después de que se firmaran poderes relacionados con cambios de titularidad de las firmas.
Respecto de la KTM, los defensores señalaron que la inscripción a nombre de Gordillo no demuestra que ella fuera la verdadera propietaria ni que hubiera obtenido un beneficio patrimonial.
Argumentaron que Sosa fue quien negoció la compra, realizó los pagos, retiró el vehículo y lo utilizó para trasladarse a Buenos Aires.
Además, plantearon que la decisión de registrar un bien a nombre de una persona de confianza puede producirse en el contexto de una separación de pareja.
Con esos argumentos, Abdala y Atim buscan desacreditar la existencia de una finalidad de lucro atribuible a Gordillo, un aspecto relevante para determinar si podría invocar la excusa absolutoria prevista por la legislación penal para determinados supuestos de encubrimiento.
La Fiscalía y la querella, sin embargo, no compartieron esa interpretación.
Gallo evitó realizar una evaluación pública de las declaraciones y se limitó a señalar que todavía restan testimonios por incorporar al debate.
Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika Álvarez, sostuvo que ninguno de los elementos presentados durante la jornada modifica sustancialmente la acusación contra Gordillo.
El querellante recordó que la imputación no sostiene que la mujer haya llevado la camioneta al lavadero, sino que posteriormente fue a retirarla.
También advirtió que la información bancaria analizada hasta ahora es parcial y que todavía deben declarar otras personas que podrían aportar elementos para completar la reconstrucción de los hechos.
De esta manera, la jornada permitió incorporar pruebas sobre las actividades realizadas por Sosa después del femicidio, pero dejó abierta la controversia acerca del conocimiento y la eventual participación de Gordillo en las maniobras investigadas.
El debate oral es conducido por los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, quienes deberán evaluar las declaraciones junto con el resto de las pruebas antes de resolver las responsabilidades penales.
Por cuestiones vinculadas con la agenda del tribunal y la existencia de una jornada inhábil, las audiencias se reanudarán el próximo miércoles.
A partir de entonces comenzarán a declarar los peritos que realizaron algunas de las tareas más importantes de la investigación, cuyos informes podrían resultar decisivos para reconstruir las circunstancias del crimen y los movimientos posteriores de los acusados.