El Gobierno de Tucumán incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un artículo que establece que las modificaciones de las partidas de los otros poderes y organismos descentralizados deberán ajustarse a los lineamientos de la ley provincial. La iniciativa, con gastos totales por $7,35 billones y superávit de $304,5 millones, será analizada por la comisión de Hacienda y Presupuesto.
El Gobierno de Tucumán incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 una disposición que establece que las modificaciones de las partidas presupuestarias de los poderes Legislativo y Judicial, y de los organismos descentralizados y autárquicos, deberán ajustarse a los lineamientos de la ley provincial. La medida está contenida en el artículo 29 del proyecto remitido a la Legislatura el 28 de octubre, que contempla gastos totales por $7,35 billones y proyecta un superávit fiscal de $304,5 millones para el próximo ejercicio.
El documento lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. La redacción del artículo reconoce las atribuciones de cada organismo para administrar sus recursos, pero introduce la obligación de encuadrar cualquier modificación dentro de los criterios fijados por la legislación presupuestaria.
Algunos legisladores interpretaron que la iniciativa representa un intento del Poder Ejecutivo de incrementar su capacidad de condicionamiento sobre las decisiones financieras de los otros poderes del Estado. Las observaciones giraron en torno a los posibles efectos sobre la autonomía presupuestaria de la Legislatura, la Justicia y los organismos con facultades propias para administrar sus fondos. Hasta el momento, esas observaciones no se tradujeron en cuestionamientos formales dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto, que aún no comenzó a analizar el proyecto.
El tratamiento estará a cargo de la comisión presidida por el legislador Carlos Gallia, donde se espera que los representantes de los distintos bloques examinen tanto las previsiones de ingresos y gastos como las disposiciones administrativas incorporadas al articulado. La agenda parlamentaria contempla una sesión inmediata y la posibilidad de otra convocatoria durante la semana siguiente, por lo que se estima que la discusión específica del Presupuesto 2027 podría comenzar durante la última semana de noviembre.
En ejercicios anteriores, el Gobierno provincial también presentó propuestas destinadas a establecer condiciones sobre la utilización y transferencia de fondos de otros poderes y organismos de control. Durante la elaboración del presupuesto del año anterior, el Ejecutivo intentó vincular las transferencias mensuales a esos organismos con la recaudación efectiva de Rentas Generales. Esa propuesta fue modificada durante su análisis en la comisión legislativa: los parlamentarios establecieron que las transferencias destinadas a los poderes Legislativo y Judicial, los ministerios Fiscal, Pupilar y de la Defensa, y los tribunales de Cuentas y Fiscal debían realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes. La modificación quedó incorporada a la Ley 9.942, actualmente vigente.
Otro aspecto incluido en el proyecto para 2027 se refiere al tratamiento de los fondos no utilizados al finalizar el ejercicio presupuestario. Desde el Presupuesto 2025, la legislación provincial contempla que los recursos no ejecutados y/o devengados que permanezcan depositados en las cuentas bancarias de los otros poderes y organismos autárquicos al cierre del año sean considerados excedentes financieros e incorporados como recursos remanentes para el ejercicio siguiente. Este mecanismo también había generado diferencias cuando fue presentado por primera vez, principalmente por su redacción y las interpretaciones sobre el destino de los saldos disponibles. Pese a esas discusiones iniciales, continuó formando parte de los presupuestos posteriores y fue nuevamente incorporado en el proyecto enviado a fines de octubre.
El nuevo artículo 29 se suma a una serie de disposiciones mediante las cuales la administración provincial busca establecer reglas para la gestión de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal. La diferencia es que, en esta oportunidad, el debate podría concentrarse en los límites que tendrán las autoridades de los otros poderes para modificar sus propias partidas. El alcance concreto de la medida dependerá de la interpretación de su redacción y de las modificaciones que eventualmente introduzca la Legislatura durante el tratamiento del proyecto. La iniciativa no establece una prohibición absoluta de modificar presupuestos ni dispone que todas las decisiones deban contar con autorización previa del Ejecutivo; sin embargo, la referencia expresa al cumplimiento de los lineamientos de la ley abrió interrogantes entre legisladores sobre las restricciones que podrían derivarse de su aplicación.
Al presentar el Presupuesto 2027, Jaldo destacó las dificultades económicas y financieras que enfrentó la administración provincial para elaborar las previsiones del próximo año. El proyecto contempla un volumen de gastos de $7,35 billones y un resultado fiscal positivo de $304,5 millones.
La comisión de Hacienda y Presupuesto tendrá la posibilidad de mantener el artículo tal como fue remitido, modificar su alcance o eliminarlo, como ocurrió con otras disposiciones que generaron diferencias en ejercicios anteriores. Por ahora, el oficialismo no inició formalmente el debate sobre este punto y tampoco se registraron pronunciamientos institucionales de los poderes y organismos alcanzados por la nueva disposición. La discusión comenzará cuando los legisladores examinen el articulado y determinen si las condiciones propuestas por el Ejecutivo resultan compatibles con la autonomía administrativa y financiera que corresponde a cada organismo.