La disposición fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con Ruth Karina Benítez, integrante de la unidad especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.
La Fiscalía de Paraguay ordenó el arresto del destituido presidente Santiago Peña. La disposición fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con Ruth Karina Benítez, integrante de la unidad especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.
El avance de la investigación penal se produjo después de que Peña fuera removido de la Presidencia mediante juicio político por mal desempeño de sus funciones. 44 senadores votaron por su destitución y uno se abstuvo, luego de que los 78 diputados en funciones aprobaran la acusación.
Así, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo destituido por esta vía desde el retorno de la democracia, después de Fernando Lugo, removido el 22 de junio de 2012.
Los vínculos patrimoniales bajo investigación
En 2023 Peña declaró una participación accionaria en Ueno Holding por 6.144 millones de guaraníes, que posteriormente vendió en abril de 2025. También había declarado un certificado de depósito de ahorro -CDA- por 2.400 millones de guaraníes en Ueno y un bono de Itti.
Además, su hermano figura como socio de U Holding SARL, sociedad mediante la cual el grupo controlaría Ueno.
Esos antecedentes forman parte del contexto de la investigación. La determinación de eventuales responsabilidades penales dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones judiciales correspondientes.
Qué sabían los organismos de control
Los denunciantes sostienen que las autoridades del organismo conocían desde abril de 2026 los problemas de Ueno, pero no activaron oportunamente las herramientas legales disponibles para evitar la crisis.
La investigación deberá establecer qué información recibieron los responsables de la supervisión, qué decisiones adoptaron y si existieron omisiones con relevancia penal.
La presentación se vincula con una denuncia original del 22 de octubre de 2025, relacionada con los intereses de Peña y su entorno en el grupo financiero.
Los fondos públicos comprometidos
Los legisladores solicitaron reconstruir cada decisión para determinar si los organismos públicos resultaron perjudicados o si hubo funcionarios que actuaron en connivencia con los responsables de las presuntas irregularidades.
El planteo distingue dos cuestiones: el eventual perjuicio sufrido por el patrimonio estatal y la posible responsabilidad de quienes autorizaron o sostuvieron esas colocaciones.
Según los denunciantes, la resolución de Ueno dispuesta por el BCP convirtió la exposición financiera en un perjuicio. Los recursos que exceden la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, de 228,3 millones de guaraníes por depositante, quedaron sujetos al resultado del balance de exclusión.
Ese escenario coloca en el centro de la causa tanto la recuperación de los fondos como la reconstrucción de las decisiones que llevaron a concentrarlos en la entidad.
Peña había asumido el 15 de agosto de 2023, con mandato hasta agosto de 2028. La caída del banco precipitó su salida del poder y el avance de una investigación penal que ahora incluye una orden de detención. /Economis