La Justicia Federal procesó a seis personas por presunto lavado de activos en el marco de la intervención al municipio de Juan Bautista Alberdi. Una causa provincial por malversación de fondos públicos aún no registra acusaciones formales.
La Justicia Federal investiga operaciones económicas, contrataciones municipales y movimientos de dinero que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, podrían formar parte de un mecanismo destinado a introducir fondos de origen presuntamente ilegal en el circuito formal en el municipio de Juan Bautista Alberdi.
El expediente está impulsado por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, con intervención del juez José Manuel Díaz Vélez, quien en octubre de 2025 dispuso el procesamiento de seis sospechosos y ordenó embargos millonarios sobre sus bienes.
La resolución alcanzó al ex jefe municipal Campos; a Figueroa; al ex secretario de Hacienda, José del Carmen Roldán; al ex secretario de Acción y Desarrollo Social, Pablo Exequiel Barrionuevo; al ex concejal José Albano Loru; y al empresario Roque Cayetano Chipi Giménez.
El magistrado fijó embargos de $ 250 millones para Campos, Figueroa, Barrionuevo y Loru, mientras que para Giménez y Roldán estableció medidas patrimoniales por $ 200 millones cada uno.
En cuanto a la situación de los acusados, Barrionuevo, Loru y Giménez permanecen alojados en el establecimiento penitenciario de Benjamín Paz. El matrimonio Campos-Figueroa continúa en libertad, mientras que Roldán cumple arresto domiciliario debido a problemas de salud.
Los abogados defensores de los imputados detenidos presentaron distintos planteos para conseguir su excarcelación, aunque hasta el momento no obtuvieron resoluciones favorables. Entre sus argumentos, cuestionaron la existencia de pruebas suficientes para demostrar un incremento patrimonial injustificado y rechazaron que se hayan acreditado vínculos de sus representados con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La investigación incorporó un elemento de especial relevancia a partir de un análisis realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Ese organismo había detectado operaciones bancarias efectuadas mediante cheques cobrados por ventanilla durante los años 2023 y 2024, que en el caso de Alberdi representaban movimientos por aproximadamente $ 6.000 millones.
Los registros despertaron el interés de los investigadores, que buscan establecer el origen, destino y justificación de los fondos, además de determinar si existe alguna vinculación con las maniobras económicas que ya se encontraban bajo investigación.
En marzo de 2026 se produjo una decisión judicial que permitió ampliar el alcance de las actuaciones. Mientras los expedientes relacionados con operaciones similares detectadas en otros cuatro municipios tucumanos fueron archivados, la Justicia Federal resolvió mantener abierta la investigación correspondiente a Alberdi. Como consecuencia, las actuaciones sobre los retiros bancarios fueron remitidas al Juzgado Federal N° 2 para su incorporación al expediente principal.
La medida abrió la posibilidad de analizar conjuntamente las extracciones millonarias y las contrataciones municipales que forman parte de las sospechas iniciales. Uno de los objetivos centrales consiste en definir si determinados contratos celebrados desde la administración municipal pudieron haber sido utilizados para justificar movimientos de dinero sin respaldo económico suficiente.
La hipótesis de los investigadores apunta a la posible existencia de una estructura organizada que habría aprovechado mecanismos administrativos y financieros del municipio para concretar operaciones irregulares.
El escándalo que dio origen a la investigación salió a la luz en junio de 2025, aproximadamente un año después de un doble crimen ocurrido en Salta. La controversia estalló cuando se difundió públicamente una grabación de una conversación entre el entonces intendente Campos y el empresario Giménez. En ese diálogo se mencionaban supuestas relaciones con actividades vinculadas al narcotráfico, negocios realizados mediante recursos públicos y posibles irregularidades en el manejo de fondos de la Municipalidad.
La difusión del audio provocó una fuerte repercusión política y judicial, debido a la gravedad de las acusaciones que involucraban a integrantes de la administración local. La crisis institucional derivó en la intervención de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, medida dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo. A partir de entonces comenzaron a desarrollarse investigaciones destinadas a establecer si los hechos denunciados constituían delitos y quiénes podrían haber participado.
La definición sobre la competencia judicial generó una extensa discusión procesal que terminó con la intervención de dos jurisdicciones. Por un lado, la Justicia provincial quedó encargada de investigar las posibles maniobras de malversación de recursos públicos. Por otro, la Justicia Federal asumió el análisis de los hechos que podrían configurar lavado de activos y otras operaciones relacionadas con fondos de presunto origen ilícito.
Sin embargo, mientras el expediente federal avanzó hasta el procesamiento de seis personas, la investigación provincial todavía no registraba acusaciones formales contra los sospechosos, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones. Esa diferencia en el desarrollo de ambas causas constituye uno de los aspectos relevantes del caso, debido a que los investigadores deben establecer responsabilidades por hechos que podrían encontrarse relacionados, aunque correspondan a competencias judiciales diferentes.
La incorporación de los movimientos bancarios detectados por Procelac representa ahora una nueva etapa para la investigación federal. El análisis de las operaciones por unos $ 6.000 millones podría permitir determinar si las extracciones respondían a actividades legítimas de la administración municipal o si fueron utilizadas como parte de un mecanismo para movilizar fondos sin justificación suficiente.
No obstante, la existencia de esos movimientos no demuestra por sí sola la comisión de un delito, por lo que será necesario establecer su vinculación concreta con las conductas atribuidas a los procesados. La Fiscalía deberá continuar reuniendo elementos sobre las contrataciones, los movimientos financieros y las eventuales conexiones entre los distintos involucrados.
El expediente permanece abierto y los seis acusados continúan sometidos al proceso judicial, mientras sus defensas cuestionan las pruebas reunidas y buscan revertir las medidas adoptadas.
El caso Alberdi se convirtió así en una investigación de fuerte impacto institucional en Tucumán, no solamente por las sospechas sobre el manejo de recursos públicos, sino también por la posibilidad de que una estructura municipal haya sido utilizada para operaciones de lavado de activos vinculadas con actividades ilícitas. La Justicia Federal deberá determinar si las maniobras investigadas responden a una organización delictiva y establecer las responsabilidades individuales de los acusados, mientras continúa pendiente el avance de la causa provincial por las presuntas irregularidades en la administración de los fondos municipales.