El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, presentó una acción de nulidad con pedido de medida cautelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para suspender una ordenanza que incorpora a 33 trabajadores del Concejo Deliberante a la planta permanente. La norma fue ratificada por ocho concejales opositores tras el veto del Ejecutivo.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, inició una demanda judicial para impedir que 33 trabajadores del Concejo Deliberante sean incorporados a la planta permanente, luego de que ocho concejales opositores ratificaran una ordenanza que había sido vetada por el Departamento Ejecutivo. El jefe municipal cuestionó la legalidad del procedimiento y advirtió que las designaciones representarían un gasto aproximado de $570 millones anuales para las arcas públicas.
La controversia quedó en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde el municipio presentó una acción de nulidad acompañada de un pedido de medida cautelar para suspender los efectos de la ordenanza mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La iniciativa obtuvo el respaldo de ocho de los doce integrantes del cuerpo legislativo, todos pertenecientes a sectores enfrentados políticamente con la administración municipal. Molinuevo sostuvo que las incorporaciones fueron aprobadas sin una evaluación suficiente de su necesidad y cuestionó los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.
El intendente aseguró que algunos de los trabajadores incluidos en la disposición no cuentan con antigüedad en la Municipalidad y consideró injustificado ampliar la estructura administrativa mediante nombramientos que, según afirmó, responden a intereses partidarios.
Uno de los aspectos más cuestionados por el Ejecutivo fue la creación de dependencias vinculadas con actividades sociales y políticas destinadas a la juventud. Según Molinuevo, esas funciones ya corresponden a distintas áreas municipales, por lo que no existirían razones para incorporar nuevas estructuras dentro del Concejo Deliberante.
También señaló que el edificio donde funciona el cuerpo legislativo carece del espacio físico necesario para albergar a los 33 empleados.
El mandatario atribuyó la decisión a una maniobra política de la oposición y sostuvo que las designaciones beneficiarían a personas vinculadas con sectores partidarios. Se trata de acusaciones formuladas por el intendente que no constituyen conclusiones judiciales.
En el plano económico, Molinuevo afirmó que el municipio mantiene sus cuentas equilibradas, pero advirtió que asumir compromisos salariales permanentes por aproximadamente $570 millones al año podría comprometer recursos que, a su criterio, deberían destinarse a obras públicas, mantenimiento de la ciudad y prestación de servicios.
El jefe municipal también cuestionó la forma en que se desarrolló el trámite legislativo. Según explicó, había mantenido conversaciones con concejales sobre la situación de los trabajadores y propuso postergar cualquier resolución hasta contar con información más completa. Sin embargo, aseguró que el proyecto terminó siendo presentado y aprobado al cierre de una sesión, sin que se alcanzara previamente un acuerdo con el Departamento Ejecutivo.
La disputa institucional se produjo en un escenario de creciente tensión política, cuando los distintos espacios comenzaron a definir sus estrategias para las elecciones municipales de mayo de 2027. Molinuevo, cercano a La Libertad Avanza, interpreta que la decisión de los concejales forma parte de los movimientos de la oposición, particularmente del justicialismo, que buscará recuperar la conducción de la Municipalidad de Concepción.
En paralelo, el intendente mantiene conversaciones con el ex diputado nacional y ex jefe municipal Roberto Sánchez, referente de la Unión Cívica Radical, para explorar posibles acuerdos electorales. Hasta el momento, esos contactos no derivaron en un entendimiento y persiste la posibilidad de que ambos dirigentes compitan por la Intendencia.
Mientras continúan las negociaciones políticas, la controversia por los nombramientos deberá resolverse en los tribunales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo tendrá que analizar inicialmente si corresponde suspender las incorporaciones mediante la medida cautelar solicitada por el municipio. Posteriormente deberá pronunciarse sobre la validez de la ordenanza cuestionada.
Hasta que exista una resolución judicial, continuará abierto el conflicto entre el Ejecutivo y la mayoría opositora del Concejo Deliberante por una decisión que enfrenta dos posiciones sobre la organización administrativa y el destino de los recursos públicos de Concepción.